Política Territorial descartó, inicialmente, la validez de las 15 licencias que firmó el alcalde de Vilamartín, Manuel Candal, a los dueños de casas con órdenes de derribo. El regidor asumió el gobierno local ante el silencio de los ediles del PP. La mejor palabra es la que queda por decir, afirmó su hija y teniente alcalde, María Jesusa Candal.
El alcalde de Vilamartín, Manuel Candal, dedicó buena parte de la tarde del miércoles 19 de noviembre a revisar las obras de renovación del alcantarillado del pueblo de Arnado. Durante la visita, el regidor popular resaltó la importancia de esta obra, que supone la práctica sustitución de las antiguas tuberías. Su estancia se produjo pocas horas después de que el concejal de Urbanismo, José Pinto, comunicase al Concello su renuncia a las delegaciones que tenía asignadas.
Entre ellas estaba la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal, un documento que debería legalizar la situación de una veintena de casas y naves amenazadas por órdenes de derribo de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transporte. En un principio, este organismo resta validez a las 15 licencias municipales que el alcalde firmó con carácter retroactivo, a la fecha de inicio de las obras. Da igual que teña licencia ou non, se a licencia foi dada de xeito irregular, afirma este departamento.
Con independencia de las irregularidades de las casas y naves expedientadas por Política Territorial, al estar construido en suelo rústico, el procedimiento seguido para conseguir la licencia tampoco parece ser el pertinente. En este sentido, se pronunciaron fuentes consultadas por este diario indicaron que la tramitación de la licencia municipal es un procedimiento reglado, que obliga a seguir todos los pasos establecidos.
La primera gestión necesaria para obtener la licencia es presentar el proyecto técnico ante la Administración autonómica para que ésta otorgue su autorización. Después vendrán la redacción de los informes sectoriales, jurídicos y técnicos de cada obra, tras lo cual el Concello está obligado a otorgar la licencia, siempre que el proyecto reúna todos los requisitos.
También está la forma en la que Candal las firmó, apurado por los afectados, que ya las llevaban redactadas en papel que no es del Concello.
Las dudas respecto a la legalidad de las licencias firmadas a los vecinos existieron desde el primer momento, puesto que el propio secretario enviado por la Diputación para sustituir a la titular del Concello mostraba serias reticencias. Así las cosas, el socialista Santos Prada y los dueños de las casas consideran que un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal podría ser la solución.
La mejor palabra es la que queda por decir
La mejor palabra es la que queda por decir. En estos términos se pronunció ayer la teniente alcalde de Vilamartín e hija del alcalde, María Jesusa Candal, cuando rechazó realizar declaraciones acerca de la situación que vive el Concello. Afirma que este silencio lo comparte con los otros cuatro concejales del equipo de gobierno del PP que faltaron al pleno del lunes.
Tampoco se mostró muy explícito el portavoz de la oposición socialista, Santos Prada, quien aguarda a que se resuelva la crisis interna del equipo de gobierno popular para valorar la situación municipal. En esta misma situación de espera está Juan Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación contra os derribos das vivendas. Al igual que otros 15 afectados, depositó las licencias firmadas por el alcalde en manos de su abogado, disponiéndose a esperar acontecimientos.
Entre ellas estaba la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal, un documento que debería legalizar la situación de una veintena de casas y naves amenazadas por órdenes de derribo de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transporte. En un principio, este organismo resta validez a las 15 licencias municipales que el alcalde firmó con carácter retroactivo, a la fecha de inicio de las obras. Da igual que teña licencia ou non, se a licencia foi dada de xeito irregular, afirma este departamento.
Con independencia de las irregularidades de las casas y naves expedientadas por Política Territorial, al estar construido en suelo rústico, el procedimiento seguido para conseguir la licencia tampoco parece ser el pertinente. En este sentido, se pronunciaron fuentes consultadas por este diario indicaron que la tramitación de la licencia municipal es un procedimiento reglado, que obliga a seguir todos los pasos establecidos.
La primera gestión necesaria para obtener la licencia es presentar el proyecto técnico ante la Administración autonómica para que ésta otorgue su autorización. Después vendrán la redacción de los informes sectoriales, jurídicos y técnicos de cada obra, tras lo cual el Concello está obligado a otorgar la licencia, siempre que el proyecto reúna todos los requisitos.
También está la forma en la que Candal las firmó, apurado por los afectados, que ya las llevaban redactadas en papel que no es del Concello.
Las dudas respecto a la legalidad de las licencias firmadas a los vecinos existieron desde el primer momento, puesto que el propio secretario enviado por la Diputación para sustituir a la titular del Concello mostraba serias reticencias. Así las cosas, el socialista Santos Prada y los dueños de las casas consideran que un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal podría ser la solución.
La mejor palabra es la que queda por decir
La mejor palabra es la que queda por decir. En estos términos se pronunció ayer la teniente alcalde de Vilamartín e hija del alcalde, María Jesusa Candal, cuando rechazó realizar declaraciones acerca de la situación que vive el Concello. Afirma que este silencio lo comparte con los otros cuatro concejales del equipo de gobierno del PP que faltaron al pleno del lunes.
Tampoco se mostró muy explícito el portavoz de la oposición socialista, Santos Prada, quien aguarda a que se resuelva la crisis interna del equipo de gobierno popular para valorar la situación municipal. En esta misma situación de espera está Juan Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación contra os derribos das vivendas. Al igual que otros 15 afectados, depositó las licencias firmadas por el alcalde en manos de su abogado, disponiéndose a esperar acontecimientos.
