Un 81,35% más de infracciones denunciadas en la comparativa interanual en nuestra ciudad y un 76,7% más de delitos de lesiones graves en nuestra urbe, concentrados prácticamente en la zona del casco antiguo y Doctor Fleming. Estos son los datos y la información que nos trasladaba La Región hace unos días y que todos conocemos perfectamente. Todos menos nuestros “responsables públicos”, los cuales están desaparecidos, por ser generosamente suave.
Destrucción del mobiliario urbano y gravísimos daños del patrimonio histórico, acompañados de un sinfín de grafitis que nos cuestan cientos de miles de euros a los ourensanos. Un crecimiento exponencial de una delincuencia callejera con bandas juveniles que exhiben una violencia jamás vista en nuestra ciudad. Todo ello con unos destrozos que no tienen freno y ofrecen una imagen desoladora de nuestras calles y zonas más emblemáticas, como el casco antiguo.
Ourense era una ciudad segura, tranquila, paseable, sociable. Hoy, la realidad de la todavía tercera ciudad de Galicia es completamente diferente. Violencia, altercados, peleas multitudinarias con armas blancas en las calles -incluidas las zonas más emblemáticas y turísticas de la ciudad- y agresiones sexuales constantes como jamás se recuerdan. Actos delictivos en el corazón del ocio nocturno ourensano que espantan a vecinos y visitantes, dejándoles un mal recuerdo de lo que tenía que haber sido una estancia placentera.
Vandalismo urbano de todo tipo que tiene su máxima expresión en los grafitis que están presentes en todas las paredes y en especial en nuestro casco antiguo y barrios periféricos, dando una imagen de abandono y degradación infinita en una ciudad denostada y abandonada a su suerte.
Y a todo esto hay que sumarle la lacra de las okupaciones, que, en nuestra ciudad, Ourense, se concentran mayoritariamente en la calle Celso Emilio Ferreiro, la zona de As Burgas y varias calles del casco antiguo, la zona del Veintiuno, la avenida de Portugal o el área de Mariñamansa. Y es que la problemática de la okupación de una propiedad se está cronificando y constituye ya un grave problema social al no existir una respuesta jurídica uniforme a un problema que se está enquistando por diversos motivos. Uno de los cuales es la duración media de los procedimientos judiciales de desalojo por okupación de una vivienda que, en Galicia, es de 14 meses de media. Y una vez más debo poner como ejemplo las propuestas de la Comunidad de Madrid, en las que se solicita que el okupa sea desahuciado de manera inmediata, si no muestra ningún título o documento que acredite que el propietario le ha permitido residir ahí, en un plazo de 48 horas. Una vez más, Ayuso marca el camino a seguir. Pero mientras esto no suceda, Ourense, seguirá convirtiéndose poco a poco en una jungla urbana de violencia y bandas juveniles que actúan con un libertinaje sonrojante.
Y me pregunto... ¿a qué se dedican la Subdelegación del Gobierno y el Concello de Ourense, que son los máximos responsables de nuestra seguridad como ciudadanos? Si tienen que ampliar plantillas de policías locales o Policía Nacional, o dotarlos de más medios, que lo hagan de una vez. Si tienen que reforzar turnos y zonas a patrullar, ¿a qué están esperando? Ellos son los que tienen que garantizar nuestra seguridad, y no lo están haciendo. Y a ellos son a los que debemos derivar absolutamente todas las responsabilidades de todo lo que suceda en materia de seguridad ciudadana, así, sin florituras. Y si no, que dimitan o los cesen, por no saber dar una respuesta en tiempo y forma a una espiral de violencia en nuestra ciudad como jamas se había tenido constancia.
