En su libro Una alternativa liberal para salir de la crisis, el economista Juan Ramón Rallo afirma que las primas políticas a las renovables han generado en España una dinámica empresarial disociada por entero a las necesidades del mercado. Así, en 10 años hemos duplicado la potencia de nuestra red eléctrica a más de 100.000 MW, más del doble de la máxima demanda histórica que se produjo en 2007 (45.500 MW). Tenemos instalada, por lo tanto, una potencia que duplica nuestras necesidades productivas reales y que ha sido generada simplemente para capturar ayudas públicas, fomentando fuentes intermitentes, poco fiables y que disparan los costes de electricidad, restando competitividad a nuestro tejido empresarial, a la vez de ensanchar todavía más el marco regulatorio en un sector que requiere urgente liberalización.
El autor también afirma que, desde 2002, y en una década, España pasó de tener una de las facturas más baratas de Europa para la industria antes de impuestos (52 euros para obtener la energía producida por un megavatio durante una hora) a tener una de las más caras (108 euros), pauta que todavía aumenta en el sector doméstico, 159,7 euros por MWh, sólo por detrás de Chipre y Malta. El profesor Rallo también expone las razones por las que, a su juicio, se ha producido esta espiral alcista, exponiendo que, inmersos en la vorágine de la burbuja, se ha permitido la financiación de cualquier proyecto, por insensato y absurdo que fuera. Aznar dejó aprobado el decreto 436/2004 dirigido a incentivar la instalación y bonificación de las energías renovables (fundamentalmente la eólica y fotovoltaica), del que fue entusiasta seguidor Zapatero, de manera que estas plantas tuvieran garantizada durante 25 años la compra de su producción y que, por ejemplo, las fotovoltaicas, pudieran vender a un 575% de la tarifa eléctrica media a los distribuidores a quienes, supuestamente, se les rembolsaría con posterioridad la diferencia a cargo de los contribuyentes. Esta es una de las razones del encarecimiento progresivo de la tarifa eléctrica y el germen del llamado déficit de tarifa, que no es más que la diferencia que reclaman los distribuidores por una compensación que nunca se consumó y que derivaba de una nueva y disparatada regulación caprichosa del gobierno.
Desde 2009, todo el déficit de tarifa se repercute enteramente sobre la factura, mientras que, por otro lado, el Gobierno acumula un nuevo déficit derivado de los costes que sigue controlando y regulando (transporte, distribución, amortización de déficits de años anteriores y las nuevas primas a la energía solar y eólica)
La necesidad de suprimir las primas a las renovables es acuciante. El autor, sin embargo, nos dice que las primas sólo se han interrumpido (temporalmente, ya que el discurso del Gobierno actual es el de recuperarlas en cuanto la economía levante cabeza) por el decreto 1/2012 del Gobierno de Rajoy que, no obstante, no ha impedido la instalación de 2.500 MW en centrales termosolares hasta 2014 por permitir, ese mismo decreto, mantener las primas a aquellas empresas que, sin realizar inversión alguna, se preinscribieran con anterioridad a su entrada en vigor. Primas que supondrán, al menos, 1.000 millones de euros adicionales que catapultarán el coste total de las primas a 10.000 millones anuales.
Dado que todos los productores en España reciben el mismo precio por MWh con independencia de cuales sean sus costes de producción, los defensores de las energías renovables argumentan que se acabaría con el déficit si se pusiera fin a los mayores beneficios que obtienen las centrales nucleares e hidráulicas por los menores costes de producción (variables) que tienen frente a otras tecnologías. Olvidan que los beneficios para estas centrales deben ser lo suficientemente amplios como para poder atender también a los enormes costes fijos que soportan (instalación, reposición de equipos, seguridad, etcétera). Además, si esto fuera cierto, sólo indicaría que estas tecnologías son mucho más rentables y eficientes que el resto.
A finales de 2011 existían alrededor de 26.000 millones de euros (nada menos que el 2,5% del PIB) de déficits de tarifa de años anteriores pendientes de pago que, por cierto, el Gobierno no suma a cifras de déficit ni de deuda pública. Para eliminar el déficit anual y pagar la deuda tarifaria acumulada, los precios de la electricidad en España están condenados a seguir subiendo a pesar de que fueron los que más crecieron de toda Europa en los últimos años.
Reflexiones extraídas del texto del libro Una alternativa liberal para salir de la crisis escritos por el economista Juan Ramón Rallo.
