Desde hace años asistimos a un debate público sobre la necesidad de garantizar la independencia judicial frente a los otros dos poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, derivado de la dilación en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la interdependencia que existe en este órgano de las mayorías parlamentarias dominantes en cada legislatura. En ese debate se defiende la conveniencia de garantizar que las actuaciones del poder judicial estén por encima de los avatares que se producen en el ámbito de la política para evitar que sus resoluciones, sus sentencias, se vean condicionadas por los intereses de los partidos.
Pero ¿qué sucede cuando la separación entre juez y político es apenas perceptible? En España ha habido varios casos de magistrados que han dado el salto a la política y luego regresaron a la judicatura. ¿Cómo se garantiza entonces que no son los intereses políticos los que condicionan sus decisiones judiciales?
Una sentencia hecha pública esta misma semana por el Tribunal Supremo acaba de revocar la anulación de la autorización de repotenciación del parque eólico Corme G-3. Resolución muy esperada tanto por la patronal de este sector de las renovables como por sindicatos como CCOO y UGT que ven en esta decisión una puerta abierta a que se desbloqueen numerosos proyectos que habían quedado en suspenso por resoluciones tomadas por la sala 3, que se ocupa de los asuntos contencioso administrativos, en el tribunal superior gallego.
Independientemente del rechazo manifestado por la sentencia del TSXG entre perjudicados por la misma que les había llevado a elevar un recurso a la instancia judicial superior, el Tribunal Supremo, pesaba sobre aquella la sospecha de falta de imparcialidad al estar implicada en su evaluación un magistrado, Luis Villares, que había manifestado en reiteradas ocasiones su apoyo a plataformas que se oponían a algunos proyectos eólicos en Galicia, en su etapa como líder de En Marea, la formación política que encabezó por número de votos la oposición en el Parlamento de Galicia entre 2016 y 2020. Pese a ello, Villares no se inhibió en estas causas, lo que habría alejado de toda sospecha la decisión de un tribunal que, en cualquier caso, habría tenido el mismo resultado ya que su voto no fue determinante.
Pero el hecho está ahí. Villares desarrolló una política muy activa contra el gobierno de la Xunta en su actividad parlamentaria, algo que es de esperar del líder de la oposición. Pero que a la vuelta a la judicatura su puesto como magistrado se desarrolle en la sala en la que se aceptan o rechazan las autorizaciones de la Xunta, entre otros asuntos, parece como si lo situasen en una posición en la que ha de seguir siendo oposición a la misma y cualquier actuación, en un sentido u otro que adopte va a quedar ensombrecida por esa duda.
Como cualquier otro ciudadano un juez es libre de tener un pensamiento político y lo vemos en las organizaciones de jueces y magistrados, unas más conservadoras y otras más progresistas. Pero independientemente de ello y como sucede con otros supuestos de cargos públicos que acaban en los consejos de administración de empresas en las que defienden los intereses opuestos a los que tenían cuando estaban en la Administración, resulta imposible garantizar la independencia del poder judicial mientras no se evite la existencia de puertas giratorias que permiten que un juez que fue político juzgue las actuaciones de quienes fueron sus adversarios en la política.
