La infanta Cristina se va a sentar en el banquillo como consecuencia de la instrucción del proceso sobre las actuaciones de su marido Iñaki Urdangarin al frente del Instituto Nóos. Existe la posibilidad de que su estancia en el banquillo, si llegara a sentarse, sea muy corta si el tribunal decide aplicarle la ‘doctrina Botín’, y que no sea juzgada dado que su acusación solo la defiende el sindicato Manos Limpias y ni la Abogacía del Estado ni la fiscalía presentan cargos. Pero para ese momento, en el que por primera vez una infanta de España, miembro de la Familia Real hasta hace un año se va a enfrentar a un tribunal, debiera haber renunciado a los derechos que la sitúan en el sexto lugar de sucesión a la Corona, independientemente de que luego sea exonerada.
Esta es la única decisión de importancia a efectos políticos por su implicación en el orden sucesorio de la Corona porque a efectos penales, ni la renuncia ni la desposesión del título de duquesa de Palma que ha decretado su hermano el rey Felipe VI, tienen consecuencia jurídica alguna y no van más allá de su “disgusto e incomodidad personal” y por el juicio paralelo que se reabre en la sociedad por su actuación y sobre si esta fue activa y consentida, o si es responsable a título lucrativo de las andanzas de Iñaki Urdangarin, o es absolutamente inocente y actuó con confianza ciega en su marido.
Lo que más sorprende de la actuación de la infanta Cristina es la actitud recalcitrante que ha mantenido desde que comenzaron a aparecer las primeras noticias sobre las operaciones económicas de Iñaki Urdangarin y su desobediencia cuando le advirtieron de que estaba pisando raya, o cuando pidieron al matrimonio que dieran un paso adelante para proteger a la institución de la que formaban parte. Desde entonces se han sucedido las peticiones tácitas o expresas para que renunciara a sus derechos dinásticos sin que atendiera a ellas y que afectan cada día que pasa a la decisión voluntad de la Corona de abrir un “tiempo nuevo”, como dijo don Juan Carlos en su abdicación.
A nada contribuye para mejorar la imagen pública de la infanta Cristina el embrollo sobre la secuencia en la que han tenido lugar los hechos y de quien ha partido la iniciativa de la renuncia al duquesado, con una carta que llega con diez días de retraso desde su redacción, con referencias exculpatorias para evitar “cualquier polémica”, cuando existen pocas dudas de que ha respondido al acto regio de quien podía tomar la decisión por las buenas o por las malas de desposeerla del título.
Este episodio es una muestra más de como la infanta Cristina ha antepuesto en todo este asunto sus intereses personales y los de su familia a los institucionales, e incluso a los lazos afectivos que la habían mantenido muy unida a su hermano antes de que saltara el ‘caso Nóos’. Felipe VI no ha tenido ninguna duda sobre el orden de sus prioridades aunque se trata de una decisión muy dolorosa personalmente. Pero cuando la próxima semana se cumpla el primer aniversario de su proclamación, su decisión de revocar la concesión del ducado de Palma a su hermana se inscribirá en el haber de un reinado y de una institución que, por casos como el de Urdangarin y otros actos equivocados, había comenzado a tocar fondo en el aprecio y la valoración de los ciudadanos.
