Cuando el tribunal mallorquín que juzga el ‘caso Nóos’ decidió no aplicar la ‘doctrina Botín’ a la infanta Cristina, la justicia de este país dio un salto cualitativo en el orden de su independencia. Hasta el momento de su declaración como imputada de dos delitos, la hija del rey emérito ha estado sentada en el banquillo de los acusados y volverá a estarlo en el último momento del juicio, que ha resultado ser menos escabroso de lo que se podía suponer, aunque haya quedado demostrado de lo actuado hasta ahora que, además de los hechos que se juzgan, se está pasando revista a una etapa de la historia de España en la que se ha producido una sobreprotección mal entendida de la Familia Real, en la que la corrupción en el uso de los fondos públicos ha sido una constante en determinados ámbitos políticos, y en la que algunos personajes importantes han demostrado un ‘plus de codicia’ impropio de la posición que ocupaban.
La infanta Cristina ha llegado al juicio con todos sus derechos dinásticos intactos y ha vuelto a demostrar en su declaración que la confianza en su marido siguen estando por encima de cualquier otra consideración política sobre su figura o la afectación que los hechos por los que son juzgados el matrimonio Urdangarin-Borbón pueda tener sobre la institución que durante un tiempo ha representado, hasta que su hermano el rey Felipe VI comenzó a levantar el cortafuegos para evitar un deterioro de la Corona, y que han desempeñado un papel crucial en la decisión de abdicar de Juan Carlos I.
La defensa de la infanta Cristina ha transcurrido por los derroteros habituales por los que cualquier acusado intenta zafarse de su acusación, se trata de “echarle las culpas al muerto”. En este caso a personas que no están imputadas, como el asesor fiscal Miguel Tejeiro, o personas vinculadas con la Casa del Rey que tendrán que declarar como testigos y explicar cuál ha sido su función en todo este entramado y, en segundo término, hacer gala de un desconocimiento de lo que ocurría con la hacienda familiar propio de personas de otra extracción social. Iñaki Urdangarin ha tratado de exculpar a su esposa y al rey Juan Carlos de cualquier relación con su actividad, pero le ha faltado contundencia en ambos casos, aunque será el tribunal quien decida si cree sus argumentos que harán recaer sobre él toda la resposabilidad de lo ocurrido con la empresa Aizoon.
Quienes han pretendido hacer de este juicio también un proceso a la Corona, como parece desprenderse de algunas actuaciones de la acción popular desarrollada por el pseudosindicato Manos Limpias, que parece el perejil de todas las salsas cuando de procesos mediáticos se trata, han conseguido su objetivo a medias.
Llegados a este punto es difícil que la infanta Cristina acabe de dar el paso que pareciera más lógico para salvaguardar a la Corona, su renuncia a la sucesión, después de haber sido el primer miembro de la Casa Real que se ha sentado en el banquillo de los acusados demostrando que las palabras del discurso navideño de su padre -“la Justicia es igual para todos”- con el que señalaba directamente a Iñaki Urdangarin también le han alcanzado a ella que, por supuesto, mantiene intacta la presunción de inocencia hasta que haya sentencia firme. Pero el daño ya está hecho.
