Bien sea por la crudeza del drama de centenares de miles de familias que huyen de las guerras de Oriente Próximo que buscan refugio en los países europeos, bien sea por la reacción social y los impulsos solidarios que la ciudadanía española expresa con firmeza cuando se enfrenta a una emergencia humanitaria, bien sea porque cuando se presume de recuperación económica y te lo reconocen fuera se acaban las excusas para no abordar de forma decidida un drama tan evidente, el gobierno español está obligado a dar respuestas rápidas y poner todos los medios a su alcance para tratar de paliar la situación de quienes se encuentran desamparados tanto en sus países como en aquellos por los que tiene que transitar hasta llegar a un lugar seguro, a una tierra de promisión aunque luego no llegue a serlo.
Al conjunto de reuniones a distinto nivel que van a tener lugar en la esfera internacional en la que se abordará la situación de los refugiados sirios, se une la comisión interministerial e interterritorial creada por el Gobierno en el consejo de ministros de ayer para dar cumplimiento a los requerimientos que vengan de Europa una vez que se ha decidido multiplicar por cuatro el número de refugiados a acoger, hasta los 160.000, aunque los huidos superan los 350.000.
Si tras su visita a la canciller alemana, Angela Merkel, Mariano Rajoy se comprometió a que España acogería a 2.736 refugiados, la regla de tres es simple y corresponderá prepararse para la llegada de unos diez mil. Y por supuesto, la obligación es la de trabajar de forma coordinada entre las tres administraciones y las oenegés especializadas en la ayuda a los refugiados, para que los esfuerzos ni se dispersen ni se solapen, porque será necesario sostenerlos en el tiempo.
Porque hay un ejemplo muy reciente de cómo pasados los primeros momentos de acogida los refugiados caen en el olvido, se acaban los plazos en los que perciben ayudas, su integración no termina de producirse y acaban encontrándose en tierra de nadie. Eso fue lo que pasó con los 115 disidentes cubanos liberados por el régimen de Raúl Castro tras un acuerdo con el Gobierno socialista y la Iglesia Católica, de tal forma que acabaron llegando a España algo más de setecientas personas. Un año y medio después muchos se las habían apañado para viajar a Estados Unidos o a otros países, otros malvivían en nuestro país sin empleo y hasta el propio ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, en su visita oficial a Cuba pidió a las autoridades caribeñas que autorizaran el regreso de quienes lo habían solicitado. La situación de crisis económica es muy probable que no ayudara a que se les pudiera prestar una mejor atención, por eso es necesario prever que lo mismo puede volver a pasar y que los refugiados cuenten con todas la garantías -la posibilidad de volver a su país se antoja muy lejana- y evitar por todos los medios que sirvan de excusa para brotes xenófobos.
La Unión Europea y España dentro de ella se enfrenta a una situación excepcional en la que no se puede ser cicatero, y si el Gobierno español no ha desempeñado ningún papel clave en la conformación de la política de inmigración común a pesar de ser una de las fronteras sur de la región, afectada fundamentalmente por una inmigración de carácter económico, en esta situación está obligado a liderar la respuesta de la sociedad española si no quiere verse desbordado. Es lo menos que puede hacer.
