Este partido se juega en dos escenarios distintos que en algún momento tendrán que confluir. Por un lado el Gobierno sigue dando preeminencia a la reacción judicial a cada una de las iniciativas del Parlament catalán con las que los independentistas pretenden avanzar hacia la desconexión total, mediante el debate de leyes que pongan en marcha los cimientos de su Estado nacional y la convocatoria de referéndum de carácter unilateral para lograrlo.
Antes de que pueda llegar a celebrarse esa consulta ya se habrá producido alguna resolución firme sobre el anterior pseudoreferéndum del 9-N, por el que están encausados el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, otras dos consejeras y el actual portavoz parlamentario del partido de los demócratas catalanes, antigua Convergencia, Francesc Homs. Y prosiguen las actuaciones judiciales contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por el debate que acabó en la aprobación de las conclusiones de la comisión de estudios del proceso constituyente, lo que suponía un aval a la nueva hoja de ruta hacia una declaración unilateral de independencia. Cuando todas estas actuaciones judiciales se concreten y llegue el momento de su aplicación efectiva, si alguna de ellas acaba en la inhabilitación para el ejercicio de la función pública de algunos de los investigados, se verá cuál es la reacción de la población catalana, y si actúa con virulencia como algunos ya han comenzado a insinuar o si, como ocurrió en el caso de los dirigentes de la antigua Batasuna, se produce el acatamiento de la sentencia.
El Gobierno insiste en que esta es la única vía de actuación posible, el recurso a los tribunales, sobre todo a las más altas magistraturas, y ha ordenado a la Abogacía del Estado que estudie la resolución aprobada el pasado jueves por el Parlament catalán sobre la celebración de un referéndum de independencia antes de septiembre de 2017, con la que se pone fecha al definitivo choque de trenes entre la legalidad que emana de la Constitución y la legitimidad de la que siguen haciendo gala los dirigentes catalanes y los partidos independentistas con el llamamiento a las urnas, que en esta ocasión será más difícil que se instalen en los centros públicos después de la experiencia del 9-N de 2014.
Pese a que la legalidad está de parte de quienes defienden la igualdad de derechos y que la soberanía no se puede trocear, en algún momento alguien se tendrá que poner a evitar lo que parece inevitable. Aunque la vicepresidenta del gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, pida que los independentistas abandonen un empeño que conduce a la melancolía, el próximo gobierno tendrá que afrontar el problema territorial desde un punto de vista político que vaya más allá de su apoyo en la aplicación de las leyes. En algún momento habrá que reconducir este enfrentamiento que no puede pasar a mayores. Y en este asunto, aunque haya voces socialistas que apuntan al reconocimiento de Cataluña como nación, el PSOE está de acuerdo en que la unidad es el marco para dar cabida a las diferencias. El Estado juega ahora en el terreno de las leyes y el Parlament catalán en el de las obsesiones políticas. En algún momento tendrán que coincidir y resolverse este enfrentamiento en el mismo marco y con las mismas normas.
