En estos días la Comisión Europea acaba de advertir nuevamente al Reino de España que si no retira las condiciones impuestas por la CNE en la opa de Enel y Acciona sobre Endesa, será demandada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Conviene saber que con anterioridad, el Tribunal de primera instancia europeo no accedió a una pretensión de España para mantener las condiciones por entender que violan el derecho comunitario.
En efecto, las decisiones de la CNE de mantener a Endesa como compañía independiente con todos sus centros de decisión España es contraria al principio de libertad de establecimiento. Igualmente, a juicio del Tribunal de primera instancia de la Unión Europea son incompatibles con los principios del derecho comunitario la limitación de la política de distribución de dividendos de Endesa así como el coeficiente de servicio de su deuda. También chocan con los principios y las reglas más elementales del derecho comunitario la obligación que la CNE impone a Endesa de adquirir carbón nacional para sus centros de generación y conservar dentro de su propio grupo los activos peninsulares.
El 5 de diciembre del año pasado la Comisión resolvió que las condiciones impuestas por la CNE para la adquisición de Endesa por Enel y Acciona eran contrarias al Tratado comunitario sobre la libertad de establecimiento la, libre circulación de capitales y la libre circulación de mercancías. Igualmente, según el ejecutivo europeo, la CNE viola el reglamento sobre concentraciones societarias.
La opa de Enel y Acciona sobre Endesa es bien singular. Una empresa privatizada es adquirida, aunque parcialmente, por capital público extranjero. Para proteger la posición española, la autoridad reguladora no tiene más remedio que intentar evitar el sinsentido de la operación, para lo cual se salta el derecho comunitario, Lo que estamos viendo en este caso es la constatación de lo que acontece cuando la intervención política desafía el derecho e intenta, a toda costa, que el derecho no sea más que la envoltura del poder. Esperemos que, finalmente, el derecho, la razón, se imponga sobre la fuerza sin límites en que la política se ha convertido en este tiempo entre nosotros.
(*) Catedrático de Derecho Administrativo
