Los socialistas pelearon este miércoles en el Congreso para evitar que el presidente Zapatero acudiera al Congreso de los diputados cada vez que el PP lo reclamara para dar cuenta de la marcha de las medidas adoptadas contra la crisis económica y financiera. Zapatero acudirá, pero con un calendario más relajado. Y al mismo tiempo, se planteaba en medios políticos la conveniencia de que las asociaciones de jueces convocantes de una futura huelga comparezcan en el Congreso y expliquen las razones de su actitud.
También resulta materia controvertida: nada obliga a que estas asociaciones o sus dirigentes acudan al Congreso, aunque la mayor parte de tales directivos entiende que no estaría de más aprovechar esa ocasión para exponer, con luz y taquígrafos, las preocupaciones que tiene el sector, y que le conduce a las movilizaciones y convocatoria de huelga. De manera que, con bastante probabilidad, también se producirán estas comparecencias, en las que los jueces se harán escuchar, pero también escucharán a los diputados.
Unos y otros colaborarán a explicar las razones de unas relaciones, las de la Justicia con la sociedad española, que han ido a peor, por más que las inversiones públicas se hayan incrementando sustancialmente en los últimos años para mejorar ese servicio. Se asegura que, en este instante, los asuntos judiciales pendientes alcanzan el récord de dos millones y medio, y que precisamente, el pulso de los jueces llega en el momento de máximo atasco judicial.
La fórmula de las comparecencias en el Congreso es una de las que, desde el Gobierno o desde el PSOE, se han puesto en marcha para hacer imposible la huelga anunciada, a la que ya han dado su apoyo unas cuantas asociaciones regionales, sin mayor espera. Siete jueces decanos apoyan la propuesta de huelga. En efecto, además de la invitación al Congreso, el ministro Bermejo está impulsando encuentros con los representantes de los jueces, para escuchar sus reclamaciones y tratar de atenderlas. Se trata, en todo caso, y ya a toda la velocidad posible, de exponer razones que disuadan de la oportunidad de ese conflicto y de ese choque del gremio judicial contra el Estado. En todo caso, se sigue debatiendo si ésta debe ser o será la huelga del juez Tirado, porque parece que todo el malestar de los profesionales de juzgar, condenar o absolver, se produce coincidiendo con las severas discrepancias entre Gobierno y Poder Judicial sobre la sanción dictada contra el juez del caso Mari Luz, los mil quinientos euros que deberá pagar el ya famoso juez por no haber encarcelado a tiempo al pederasta probable autor de la muerte de la niña.
Por cierto, que hoy se ha sabido que aquella segunda votación desarrollada en el Consejo del Poder Judicial sobre la leve sanción al juez Tirado, reunió los votos contrarios de siete vocales, frente a los 14 favorables. De esos siete, seis han elaborado un voto particular en que explican las razones por las que entienden que el juez Tirado debió haber sido sancionado con suspensión de funciones de entre dos y seis meses. Y se observa que la secretaria no tramitó la busca y captura del probable pederasta Santiago del Valle sencillamente porque el juez no la dictó.
