No es de recibo. Sencillamente, no es de recibo. El fin de semana pasado asistimos atónitos al conato de algarada de un amplio grupo de destacados militares jubilados, mediante una carta al jefe del Estado. En los días siguientes hemos conocido filtraciones confirmadas que ponen los pelos de punta. En los grupos de discusión de determinadas faccionesde la milicia, integradas tanto por mandos activos como en la reserva, se ha llegado a hablar de fusilamientos y se ha contemplado la posibilidad de un pronunciamiento militar, como ha confirmado el teniente coronel José Ignacio Domínguez, quien ha revelado incluso las especulaciones de algunos de sus conmilitones, entre bromas y veras, sobre la posibilidad de que el Ejército del Aire realizara bombardeos selectivos contra la población civil simulando errores.
No basta que la ministra de Defensa haya declarado en sede parlamentaria su seguridad de que las Fuerzas Armadas son fieles al orden constitucional de supremacía civil que en España, como en todos los países de nuestro entorno político, es total y absolutamente incuestionable. Estos militares desleales sueñan con llevarnos por el camino de las juntas latinoamericanas de los años setenta, y ese sueño debe convertirse en una pesadilla de la que despierten empapados en el sudor frío de la realidad constitucional.
Si Margarita Robles no es capaz de someter a estos militares, debe dejar su puesto de inmediato a alquien que sí tenga las agallas y los arrestos necesarios para ejercer esa cartera ministerial y mantener a raya a quienes incurren en comportamientos como estos. Ya cometió Robles un error imperdonable hace unos meses, cuando el general de la Guardia Civil declaró que ese cuerpo estaba espiando a los ciudadanos en las redes sociales para identificar a quienes propagaran mensajes que pudieran generar "desafección" al gobierno, y no hizo nada al respecto.
Es imperativo que Defensa realice una profunda investigación y aparte del servicio, en su caso, a quienes, estando en activo, hayan colaborado de alguna forma con los firmantes o hayan expresado posiciones encaminadas a la desobediencia frente a la autoridad civil. Y, desde luego, incluso los militares en la reserva son susceptibles de ver degradado su rango, con la penalización pecuniaria o, como mínimo, moral que ello conlleve.
¿Buscan un pronunciamiento? Pues quien debe pronunciarse sin dilación es el destinatario de esa infame misiva, el rey. Para que no quede lugar a dudas ni interpretaciones, el rey debe poner la venda antes que la herida de una posible acción militar. Debe sacar galones y decirles a estos señores, como superior suyo que es, las cuatro cosas que no quieren oír. Debe hacerlo con dureza y contundencia. Dice un refrán castellano que "no hay mayor desprecio que no hacer aprecio", pero esa estrategia tiene un límite, y ese límite se ha rebasado con creces en este caso. Los golpistas de salón, los espadones chusqueros, los milicos de república bananera, deben sentir el desprecio y la firme condena de su comandante en jefe. Ya que no respetan a la autoridad civil, que les humille la máxima autoridad militar. Los pronunciamientos son materia de los libros de historia, y quienes los protagonizaron se cuentan por lo general entre los personajes más oscuros de la misma.
En la cuestionable ejecutoria de Juan Carlos I no hay mucho que deba emular Felipe VI, pero precisamente en este caso sí debe recordar y copiar el papel público que desempeñó su padre cuando a ciertos militares les dio por creerse algo más que funcionarios, es decir, empleados nuestros que deben limitarse a defendernos de las amenazas exteriores y que no juegan papel alguno en nuestra gobernanza política. El rey emérito los puso en su sitio, y su hijo debe hacer otro tanto. De lo contrario, habrá que dar por amortizada una de las escasas utilidades prácticas de la institución monárquica, la de mantener a raya a Tejeros y similares. Si Felipe VI espera reinar algún día cogobernando con Vox, como hizo su bisabuelo con Miguel Primo de Rivera, puede terminar igual que él, y lo tendría merecido. Europa no puede admitir en su seno un país donde comportamientos militares como los de estos días queden impunes y no reciban siquiera la reprobación moral más absoluta. Bastante tenemos con Viktor Orbán en Hungría.
No hablar es darle alas a la posición expresada en el Congreso por la diputada de Vox Macarena Olona al reivindicar sin rubor como "nuestra gente" a estos militares indignos del uniforme que llevan. En política los silencios son elocuentes. El rey tiene que hablar y tiene que hacerlo ya. No sería comprensible que el mismo jefe del Estado que fue tan duro en su discurso del 3 de octubre de 2017 fuera ahora blando o se mantuviera calculadamente ausente cuando son otros quienes agreden el sistema político vigente. Quien calla otorga, y ante estos acontecimientos Felipe VI no puede permitirse otorgar, ni debemos los ciudadanos permitir que otorgue.
