Tras el anuncio de la creación de 83.599 empleos el pasado abril en España, sindicatos e izquierda denunciaron que las cifras eran engañosas porque los empleos eran precarios y de baja calidad, cuando toda reconstrucción comienza así.
Los medios informativos nacionales más influyentes, sobre todo las televisiones, prefirieron resaltar las declaraciones negativas, con lo que la idea final para las audiencias fue que país iba de mal en peor.
Estos días también se dieron buenas noticias que obtuvieron bajísima cobertura fuera de sus zonas de influencia: la vuelta de grandes pedidos de barcos a los astilleros españoles, que al iniciarse la democracia suponían el 5,2 por ciento de la producción mundial, porcentaje que hoy es irrelevante.
El hundimiento de la industria naval española es un fenómeno que merece un análisis sin matices ideológicos tras el que aparecerán como culpables los gobiernos españoles negligentes ante las exigencias de la UE.
Y los sindicatos, que cuando debían entregarse barcos chantajeaban a las empresas exigiendo ruinosos incrementos de sueldos, como hacía el actual secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.
Aquella industria con decenas de millares de empleados bien pagados, con efecto multiplicador en al menos 250.000 personas en sus ciudades sede, fue prácticamente a la ruina, con contadísimos pedidos.
Ferrol y Cádiz centros de los grandes astilleros se vieron además perjudicadas en los últimos años por la mala gestión del comisario español de la UE, el socialista Joaquín Almunia.
Ahora construirán nuevos barcos, de guerra y civiles, que darán trabajo durante cuatro-seis años al menos a unos 6.000 obreros y técnicos.
Pero la noticia es malísima, horrible: pacifistas de las Mareas y Podemos le exigen a sus alcaldes electos en ambas ciudades que cumplan sus compromisos antibélicos rechazando los pedidos de buques militares
