El caso del tunecino sospechoso de haber asesinado con un camión al menos a doce berlineses demuestra que la corrección política ha convertido a los legisladores y a los jueces alemanes en sus cómplices pasivos. El buenismo que ha ablandado a Europa bajo la idea de “paz y amor, todo el mundo es bueno”, ha calado en gobiernos, parlamentos y tribunales. Tres veces detenido anteriormente, el sospechoso, Anis o Ahmed Amri, era un solicitante de asilo del que se sospechaba “que preparaba un grave acto de violencia contra el Estado”, reconoció el ministro del Interior de Renania-Wesfalia, región donde un niño de 12 años había intentado poner bombas en dos lugares atestados de gente. La sospecha de yihadismo desde hace un año de Amri se reafirmó el pasado octubre, confirmaron varias fuentes oficiales, lo que obliga a preguntar por qué no se le había expulsado del país, sabiendo además que Túnez es relativamente libre. La respuesta: el exagerado garantismo legal y la santurrona interpretación de los Derechos Humanos que se ha impuesto en Europa. Sus valedores, abogados, ONG’s y partidos estilo Podemos reciben petrodólares para defender a quienes abusan de las leyes hechas para inmigrantes decentes.
Leyes aplicadas irresponsablemente por “jueces progresistas” a los que esos que viven de los petrodólares y del buenismo social les exigen mayor bondad aún con sospechosos de terrorismo en sus ruidosas manifestaciones. El presunto yihadista seguía en Alemania, preguntemos cuántos más hay, mientras los buenistas como el ayuntamiento de Madrid proclamaban “Refugees Welcome” sin estudiar sus antecedentes.
O como un centro deportivo de Getafe que propagandísticamente dio casa y trabajo en 2015 al padre zancadilleado por una periodista húngara; luego supo que pertenecía al Frente Al-Nusra, el Al-Qaeda sirio y lo despidió “por incompetente” hace dos meses.
