Vivimos en un país de historia vieja y democracia joven, una aparente contradicción que sin embargo no lo es tanto. Los españoles inventamos prácticamente la democracia participativa con la Constitución de Cádiz de 1812 y fuimos también los primeros en esbozar el principio de la monarquía parlamentaria en la que los pueblos dejan de ser considerados como súbditos para convertirse en ciudadanos. Pero como siniestra consecuencia de una guerra civil que debería cubrirnos a todos de vergüenza, padecimos una dictadura que duró treinta y cinco largos años y que nos obligó a partir de cero en esto de recuperar la dignidad y las libertades que antaño habíamos tenido. Ser definitivamente libres con posibilidad de pensar y poder decir y escribir lo que se piensa fue un estado muy emotivo cuajado de intensidad y de sentimientos. Fuimos un país ejemplar que se ganó la admiración de su entorno europeo porque se amarró a la democracia con todos los honores y en un tiempo récord, reinventándose sus instituciones, activando el debate político, prestigiando sus órganos de decisión y limpiando sus propias sentinas.
Lo hizo a pesar de aquellos absurdos y ridículos residuos de la dictadura franquista que se negaban a claudicar y se anclaban en un pasado deleznable de represión y miedo. Y a pesar de ETA, que se pasó asesinando casi medio siglo y que soporta en su conciencia 830 muertos que todavía están esperando un homenaje sincero de todas las fuerzas políticas y sociales de Euskadi, único eslabón que queda para alcanzar la necesaria y deseada reconciliación. En definitiva, ambas fracciones vergonzantes vienen a ser lo mismo, y la sociedad española que es sabia ha ido librándose de ellos y reduciéndolos al olvido.
La carrera a la busca y captura de libertades ha sido en general admirable pero como otros muchos fenómenos que viajan muy deprisa, a veces descarrila. La delirante estampa de tres mujeres de la CUP rompiendo las fotos del rey Felipe tiene mucho de cómico pero no es otra cosa que un delito tipificado como lo es la quema de banderas y otros símbolos. Pretender que este delito no se persiga es parte de ese alarmante descarrile. La CUP es como todo el mundo. Y cuando vulnera la ley debe pagarlo.
