Por estas fechas, al abrir el buzón, el correo salta propulsado como si estuviera provisto de un resorte. Nada más lejos de la realidad, apenas sucede que el compartimento rebosa de una feria de vanidades, en la que cada formación política se esfuerza en convencer al electorado de lo bueno que sería que le otorgase su voto.
Bueno es contemplar que por lo menos, una vez cada cuatro años, se preocupan de la opinión del ciudadano, porque lo que es el resto de la legislatura no se ve a pie de calle a ningún político preguntando al respetable su parecer acerca de lo que hizo y lo que no ha hecho.
Abundando por estos derroteros, cabría preguntarse si la propuesta electoral constituye contrato: a los panfletos hay que remitirse, no en vano el papel todo lo soporta, y no deja de ser testigo fiel de lo que cada partido ha convenido realizar en caso de resultar vencedor.
Es de suponer que el próximo alcalde de Ourense tomará como primera disposición subirse el sueldo, como es tradición. También debería aprobar una normativa de transparencia y responsabilidad, tanto civil como penal, para responder de sus actos como cualquier otro ciudadano, especialmente cuando actuase desde la mala fe de buscar una asesoría externa cuando el dictamen del interventor no sea de su agrado.
Lo que ya no queda tan claro es cómo lograr que la lista ganadora cumpla con los compromisos adquiridos, porque una vez tomada posesión del escaño, el libre designado acostumbra a olvidarse de la identidad su jefe, que viene siendo quien le paga con sus impuestos, transitando a considerar que la alcaldía es tan suya como él soberano. ¿Quedará la Justicia para solventarlo? Es difícil pronosticarlo: para cumplir los tratos está la palabra dada, para romper los contratos se inventó a los abogados.
