Es tan significativo ese papel que no hay servicio de inteligencia o cuerpo policial que no cuente con un grupo de profesionales que hagan un seguimiento permanente a las redes para captar cualquier indicio que permita desarticular uno de esos grupos de delincuentes o abortar una actuación terrorista de envergadura.
En España, tanto el Centro Nacional de Inteligencia como la Policía Nacional y la Guardia Civil cuentan con sus departamentos especializados en el seguimiento y análisis de las redes sociales en abierto y, además y sobre todo, en la localización de delincuentes que se ponen en contacto a través de sofisticados medios tecnológicos.
El pasado mes de febrero se reunió por primera vez en Moncloa el Consejo de Ciberseguridad Nacional bajo la presidencia del director del CNI, presidencia anual y rotatoria: al general Sanz Roldán le sustituirá el año próximo el secretario de Estado para la Seguridad Francisco Martínez. El objetivo de este nuevo organismo es apoyar al Consejo de Seguridad Nacional en el ámbito cibernético, que se ha convertido en un elemento básico que obligaba a prestarle la atención máxima.
Desde hace diez años existe en el CNI un Centro Criptológico Nacional al que corresponde la protección de la información clasificada del gobierno y de las instituciones públicas, así como de las empresas privadas relacionadas con actividades “sensibles” en las áreas de defensa o seguridad. No solo se protege la inviolabilidad de las comunicaciones entre instituciones y empresas sino que se previenen los posibles delitos y su comisión.
Las empresas pertenecientes al grupo considerado “a proteger” pueden recibir más de mil intentos de ataques cibernéticos diarios, y aunque todas ellas cuentan con sus propios departamentos tecnológicos con expertos en informáticas y las últimas tecnologías para impedir ese tipo de ataques, el refuerzo de los organismos oficiales siempre es bienvenido, entre otras razones por sus relaciones con los organismos internacionales especializados en esa misma materia.
En un plano más relacionado con la seguridad de las personas se encuentran los departamentos tecnológicos creados tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, con sus unidades de Investigación Tecnológica. Los dos cuerpos cuentan con policías o guardias especializados en asuntos informáticos y cibernéticos, preparados especialmente pero desarrollar ese tipo de trabajo, que han realizado cursos de capacitación en esas áreas y que permanentemente acuden a nuevos cursos para estar al tanto de las nuevas tecnologías y de los métodos utilizados por los delincuentes que utilizan internet como medio de comunicación o como medio también para acceder a los datos que les dan paso a la comisión de sus delitos.
La policía dispone de una unidad central en Madrid, pero en todas y cada una de las comisarías españolas hay algún funcionario conocedor de las últimas técnicas y en caso de que se produzca un caso especialmente difícil se envía al personal adecuado para cooperar en la investigación.
La Guardia Civil actúa con el mismo esquema organizativo, su equipo de investigación fue pionero en materia informática y tiene fama de contar con especialistas de muy alta cualificación, y todos a su vez se trabajan coordinadamente cuando la situación le requiere, bajo la dirección de la Secretaría de Estado para la Seguridad, en asuntos especialmente peligrosos. A su vez, esa coordinación se amplía con Interpol, Europol y Eurojust, el organismo europeo que permite colaboración entre los órganos judiciales de los países miembros de la UE.
AUTORIZACIÓN JUDICIAL
¿Pueden estas unidades tecnológicas actuar por propia iniciativa? No, deben contar con autorización judicial a no ser que a través de redes abiertas encuentren algún dato que llame la atención y que obligue a hacer un seguimiento a determinado tuit para asegurarse de que no se va a cometer algún delito.
Pero ese seguimiento solo pueden realizarlo mientras actúen sobre el material en red. En el momento en el que policía o guardia civil considere necesario una indagación profunda que obligue a romper la privacidad de determinada persona, tienen que pedir la pertinente autorización judicial.
Las amenazas que se han producido estos días a raíz del asesinato de Isabel Carrasco en León, los insultos o los comentarios de mal gusto, demuestran cómo reaccionan los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado: sólo intervienen por orden del juez que ha recibido denuncia de la persona amenazada, o bien cuando policía o guardia civil consideran que las amenazas pueden tener base suficiente como para tomar medidas que impidan que se conviertan en agresión.
Un juez del Supremo concreta aún más los términos en los que deben moverse policía y guardias civiles: “Cualquier ciudadano, ante la evidencia de una comisión de un delito, tiene la obligación de actuar para intentar evitarlo, si está en su mano hacerlo, o de denunciarlo. Si a través de internet descubre una red de pederastia o de prostitución, por ejemplo, o cree que se va a producir un atentado, debe acudir de inmediato a la Policía o Guardia Civil, o directamente a un juez, aunque Policía y Guardia Civil deben tener la autorización judicial pertinente antes de actuar. Sin embargo –añade- en el caso de amenazas a través de twitter, que es lo que se está viendo estos días, es difícil que prosperen las denuncias, porque en el derecho penal es importante el ánimo. En las redes sociales se distorsiona la voluntad individual porque lo que se pretende es llamar la atención y buscar protagonismo. El juez por tanto tiene que hacer una valoración individual, si el acusado tenía intención de amenazar seriamente, si existen indicios de actitudes violentas previas, si tiene alguna relación con la persona amenazada … es un derecho muy garantista. Lo que hemos visto estos días, como mucho, pueden ser consideradas faltas, no delito”.
Derecho penal muy garantista. Lo es. Se han producido dos imputaciones por amenazas, y una de las dos personas identificadas por la policía ha sido puesta en libertad sin cargos.
