La vicepresidenta segunda del Gobierno se descolgaba hace unos días afirmando que, además de beneficiarse de la futura ley de la amnistía, los condenados por el referéndum ilegal también podrían acogerse a la misma los agentes investigados en el marco de algún procedimiento penal.
Primero nos llamaron “piolines”, después “gasto superfluo”, más tarde nos dejaron a los pies de los caballos y ahora nos equiparan con los que perpetraron un golpe de Estado. A diferencia de los condenados judicialmente por sedición, los policías han sido investigados por el empecinamiento de un juez independentista. El resultado, pese al calvario que les ha tocado vivir durante estos últimos años, debe ser la absolución por parte de la Justicia. Esa misma que nos encomendó preservar el Estado de Derecho, un servicio que los actuantes en el 1-O realizaron con profesionalidad, compromiso y determinación para preservar la democracia en nuestro país, como siempre han hecho, incluso cuando los tiros en la nuca o las bombas lapa eran el pan nuestro de cada día.
El referéndum de independencia de Cataluña de 2017 constituyó una consulta de autodeterminación ilegal, convocada por el Gobierno de Cataluña, suspendida por el Tribunal Constitucional el 7 de septiembre de 2017 y finalmente celebrada de manera ilegal e irregular en la Comunidad Autónoma española de Cataluña el 1 de octubre, ordenando la Justicia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad impedir su celebración, estableciendo para ello un amplio dispositivo de seguridad que no concluyó con éxito y no lo hizo porque una de las partes falló estrepitosamente: los Mossos no cumplieron con su cometido. Policía Nacional y Guardia Civil se encontraron con intervenciones extremadamente complejas, con grotescas turbas de personas, entre ellas niños y ancianos, en el interior o a las puertas de los colegios que alineadas y llenas de odio hacia “las fuerzas de ocupación” trataron de dificultar e impedir la ya de por sí compleja intervención policial. El cuerpo de seguridad autonómico no impidió ni informó del acceso de individuos a los centros en la fase previa de la consulta, llevando a los policías nacionales y guardias civiles a una emboscada que buscaba proyectar la imagen más represiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los que tomaron la decisión de ordenar una intervención a medias tintas comprometieron la seguridad física de los agentes comisionados a Cataluña y, a tenor de los acontecimientos posteriores, también la jurídica. El dispositivo fue un fiasco del que los que menos responsabilidad tuvieron -mandos intermedios o policías adscritos, en aquel momento, a la Unidad de Intervención Policial, quienes se batieron el cobre durante toda la jornada- fueron los grandes damnificados, sufriendo el posterior abandono de la Dirección General de la Policía.
En este contexto hay que reconocer la habilidad que tienen algunos para situar el debate en la constitucionalidad o no de la futura ley de amnistía, cuando el problema es mucho más profundo. La amnistía sería ir un paso más que allá del indulto, puesto que significaría reconocer que los procesados, desde el año 2014, con motivo del secesionismo han hecho lo correcto y abriría una nueva puerta hacia una nueva declaración de autodeterminación y otras medidas que pondrían en jaque la unidad del pueblo español. La amnistía está concebida para cerrar heridas tras un enfrentamiento entre dos bandos, algo que con los ciudadanos catalanes no existe pero sí con sus formas de Gobierno, con la consolidación de la idea, entre el nacionalismo catalán, de España como algo ajeno, lejano y, para algunos, odiado. Un sentimiento que se fragua desde los centros educativos y que tanto sufrimiento está causando a muchas familias catalanas, víctimas del separatismo y del señalamiento por defender una idea basada en la unidad de España.
