Un total de 76 trabajadores de Vidrieras del Atlántico han solicitado la revocación de dos delegados de CCOO y CSIF del comité de empresa, según indica un escrito presentado hoy por su presidente, Plácido Valencia, de la CIG, ante la Delegación Territorial de la Xunta en Ourense.
Este escrito recoge que la asamblea de trabajadores celebrada el 1 de junio en la fábrica de Xinzo de Limia acordó, por unanimidad, iniciar una recogida de firmas con la finalidad de instar al comité de empresa a convocar una asamblea general para revocar a los delegados Camilo Barge, de CCOO y Rosa Díaz Ramos, de CSIF.
Los motivos esgrimidos por la asamblea son la promoción de un referendo 'convocado de espaldas' a los trabajadores el 25 de junio, la 'formulación de denuncias falsas' contra quienes ejercieron el derecho a la huelga y el 'desprecio y contravenir permanente' los acuerdos adoptados por el comité de empresa.
El secretario de la federación de Industria de CCOO-Galicia, Manuel Lores, calificó las acusaciones presentadas por la CIG de 'totalmente falsas' y denunció la 'absoluta manipulación' de este sindicato, para 'desprestigiar a quien está en contra de su resistencia de locura'.
Lores resaltó, también, que Barge ha presentado una querella criminal contra tres miembros del comité de huelga, por 'coacciones, amenazas y daños a la propiedad privada', después de que, según Lores, le impidiesen acceder a su puesto de trabajo en los servicios mínimos y le rayasen el coche.
Asimismo, la asesora de CCOO en este conflicto, Yolanda Vázquez afirmó a Efe que el referendo realizado el 25 de junio, y en el que se preguntó a los trabajadores si deseaban seguir con la huelga, es 'totalmente legal', ya que la solicitud fue firmada por 49 trabajadores, más del 33 por ciento de la plantilla.
El comité de empresa de Vidrieras del Atlántico está formado por cinco representantes de la CIG, dos del CSIF y uno de CCOO.
Los trabajadores de esta empresa, perteneciente al grupo portugués BA, continúan en la actualidad con una huelga que suma más de 15 jornadas desde el inicio de este conflicto en enero, tras la supresión de un plus de actividad.
En la asamblea del día 1 los 75 trabajadores presentes también acordaron por unanimidad rechazar la oferta realizada por la dirección de la empresa que pasaba por recuperar 50 ó 60 euros de dicho plus, recuperación que el comité espera cifrar en 150 euros.
Asimismo, el asesor de la CIG en este conflicto, Anxo García, resaltó a Efe que siguen a la espera de una respuesta de la dirección en lo referido a cómo afectan los servicios mínimos estipulados al horno de la fábrica, y que muy probablemente se verán obligados 'a suspender, temporalmente, la huelga' la próxima semana.
García matizó que los 'propios procedimientos técnicos' de la empresa afirman que el horno se daña si se detiene una línea de producción, 'y en estos momentos están paradas dos de las tres que hay'.
Por ello, añadió que si la huelga se suspende, estudiarán llevar a la empresa a los tribunales por 'violar el derecho de huelga', ya que entienden que estos servicios mínimos suponen un 'cierre patronal encubierto'.
Los motivos esgrimidos por la asamblea son la promoción de un referendo 'convocado de espaldas' a los trabajadores el 25 de junio, la 'formulación de denuncias falsas' contra quienes ejercieron el derecho a la huelga y el 'desprecio y contravenir permanente' los acuerdos adoptados por el comité de empresa.
El secretario de la federación de Industria de CCOO-Galicia, Manuel Lores, calificó las acusaciones presentadas por la CIG de 'totalmente falsas' y denunció la 'absoluta manipulación' de este sindicato, para 'desprestigiar a quien está en contra de su resistencia de locura'.
Lores resaltó, también, que Barge ha presentado una querella criminal contra tres miembros del comité de huelga, por 'coacciones, amenazas y daños a la propiedad privada', después de que, según Lores, le impidiesen acceder a su puesto de trabajo en los servicios mínimos y le rayasen el coche.
Asimismo, la asesora de CCOO en este conflicto, Yolanda Vázquez afirmó a Efe que el referendo realizado el 25 de junio, y en el que se preguntó a los trabajadores si deseaban seguir con la huelga, es 'totalmente legal', ya que la solicitud fue firmada por 49 trabajadores, más del 33 por ciento de la plantilla.
El comité de empresa de Vidrieras del Atlántico está formado por cinco representantes de la CIG, dos del CSIF y uno de CCOO.
Los trabajadores de esta empresa, perteneciente al grupo portugués BA, continúan en la actualidad con una huelga que suma más de 15 jornadas desde el inicio de este conflicto en enero, tras la supresión de un plus de actividad.
En la asamblea del día 1 los 75 trabajadores presentes también acordaron por unanimidad rechazar la oferta realizada por la dirección de la empresa que pasaba por recuperar 50 ó 60 euros de dicho plus, recuperación que el comité espera cifrar en 150 euros.
Asimismo, el asesor de la CIG en este conflicto, Anxo García, resaltó a Efe que siguen a la espera de una respuesta de la dirección en lo referido a cómo afectan los servicios mínimos estipulados al horno de la fábrica, y que muy probablemente se verán obligados 'a suspender, temporalmente, la huelga' la próxima semana.
García matizó que los 'propios procedimientos técnicos' de la empresa afirman que el horno se daña si se detiene una línea de producción, 'y en estos momentos están paradas dos de las tres que hay'.
Por ello, añadió que si la huelga se suspende, estudiarán llevar a la empresa a los tribunales por 'violar el derecho de huelga', ya que entienden que estos servicios mínimos suponen un 'cierre patronal encubierto'.
