La Audiencia destaca las contradicciones de las seis niñas que lo inculparon en tocamientos
El profesor Manuel A. G., del colegio Curros Enríquez de Celanova, respiró ayer aliviado, según reconocían sus compañeros de centro, tras conocer la sentencia que le absolvía de seis delitos de abusos sexuales a alumnas a las que impartía clases de Matemáticas en el curso 2011/2012. La Audiencia de Ourense no considera probado que el inculpado realizara tocamientos con significación sexual ni considera que "la posible extralimitación efusiva que pudiera mediar" en su comportamiento puedan ser encuadrados en actos tendentes a satisfacer un propósito lascivo.
La sentencia detalla las "dificultades de valoración" de las pruebas, pues partieron de dos bloques de versiones "absolutamente contradictorias". Así, por un lado está la madre de una de las menores que denunció posibles abusos sexuales, junto con el testimonio de las menores y, por otro, el del propio acusado "que, aunque asume que era especialmente afectuoso" con sus alumnos, niega que tales abusos ocurrieran.
Según la resolución judicial, los relatos sobre tocamientos concretos y besos en la boca no coinciden, pues los que algunas menores explicaron que ocurrieron a otras compañeras eran negados luego "rotundamente" por éstas, y, además, "todas las menores admiten y asumen que el acusado era un buen profesor".
En el mismo sentido, la sentencia detalla que la "verosimilitud" también queda en entredicho, pues "los relatos de las menores carecen de corroboraciones periféricas" por dos motivos. El primero, porque no hubo "afectación psicológica constatable", y el segundo, porque "no fue posible elaborar un dictamen sobre credibilidad" sobre sus testimonios.
El caso del profesor de Celanova partió de una denuncia ante la Guardia Civil en abril de 2012. Los hechos investigados en instrucción derivaron en sendas acusaciones (fiscal y el abogado que representa al denunciante), quienes atribuyeron al docente seis delitos de abusos sexuales cometidos contra alumnas de quinto de primaria. Por ellos, le pedía una pena de 30 años de prisión en conjunto, alejamiento y prohibición de impartir docencia a menores durante cinco años.
