Los registros se hicieron en las sedes del llamado Consorcio Complejo Deodoro y de las empresas que lo integran en las ciudades de Río de Janeiro y Duque de Caxias, informó la Policía Federal en un comunicado.
La Policía Federal brasileña cumplió hoy ocho órdenes de allanamiento en oficinas de varias empresas constructoras en el marco de una investigación de supuestos fraudes en la construcción de una de las instalaciones que albergarán los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Los registros se hicieron en las sedes del llamado Consorcio Complejo Deodoro y de las empresas que lo integran en las ciudades de Río de Janeiro y Duque de Caxias, informó la Policía Federal en un comunicado.
La investigación busca establecer el posible desvío de 85 millones de reales (unos 24,3 millones de dólares) en las obras de infraestructura del llamado Parque de Deodoro, que alberga las instalaciones que serán usadas en los Juegos para las competiciones de piragüismo en aguas rápidas, ciclismo BMX, bicicleta de montaña, hockey sobre hierba, tiro y decatlón.
El dinero supuestamente desviado corresponde a cerca del 12,5 % de los 675,7 millones de reales (unos 193 millones de dólares) aportados por el Ministerio de Deportes a las constructoras Queiroz Galvao y OAS para las obras bajo sospecha.
En la investigación también participan miembros del recién creado Ministerio de Transparencia, la Fiscalía y la Administración Federal de Impuestos.
La Policía Federal sospecha que el consorcio responsable de las obras firmó contratos con empresas inexistentes para simular el pago de trabajos que no fueron ejecutados.
Las empresas contratadas recibieron esos pagos por supuestamente haber retirado de las obras unos residuos de construcción.
"La Contraloría General de la Unión constató que los volúmenes de residuos fueron exagerados por el consorcio integrado por las constructoras Queiroz Galvao y OAS", según un comunicado del Ministerio de Transparencia.
El posible fraude en los contratos para la retirada de residuos comenzó a ser investigado a mediados del año pasado, cuando "fueron detectados indicios de falsificación en los registros de los volúmenes de residuos de las obras de construcción civil, que son transportados del local de las obras y depositados en un vertedero en el municipio de Duque de Caxias", según el Ministerio.
El consorcio exigió del Gobierno el pago de las cantidades adicionales que supuestamente pagó por la retirada de los escombros.
Las obras en el Parque Olímpico de Deodoro son investigadas desde el año pasado y en marzo de 2016 la Justicia ya había determinado el bloqueo de 128,5 millones de reales (36,7 millones de dólares) que el Gobierno destinaría al consorcio, por sospechas de fraude en los servicios de remoción de tierras.
