Los afectados por las participaciones preferentes prevén un 'estallido social' inminente cuando se aplique la quita que marca el Gobierno, según señala un comunicado conjunto de las plataformas de perjudicados por este producto financiero.
La misiva responde a las últimas declaraciones del presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, en las que critica, aducen, a los damnificados que han ocupado ayuntamientos e interrumpido plenos, e insiste en la responsabilidad del PP ante la estafa.
El escrito señala que 'fue el Gobierno de Feijóo el que negoció informalmente con la UE el número de laudos arbitrales que iban a ser resueltos favorablemente (que según el exconselleiro de Industria solo representarían el 15% de los casos) y de hecho a día de hoy quedan más de 40.000 solicitudes sin resolver'.
Los afectados manifiestan el 'nerviosismo' de los dirigentes del PP 'acorralados por sus propias mentiras y promesas electorales incumplidas' y acusan a Louzán de 'echar mano de la demagogia y la infamia poniendo de manifiesto la falsedad y falta de 'nobleza' de la mayoría de los dirigentes populares, que con peinetas, insultos, provocaciones e injurias, pretenden convertir a las víctimas en verdugos para autojustificarse, en un alarde de irresponsabilidad y falta de rigor'.
El texto insiste en que el proceso de arbitraje es 'opaco' y en él 'impera el caciqueo', recuerda que Price Waterhouse Coopers -que realizó la auditoría sobre qué solicitudes de arbitraje deberían ser aceptadas- fue elegida por el Gobierno, que tanto el ministro de Economía como el director del FROB fueron cargos de la misma y que no se conocen los criterios elegidos, así como que la Xunta por un lado 'vende como un logro' que existan los arbitrajes y por el otro dice que es responsabilidad de Novagalicia Banco, 'según les convenga'.
Recuerda que las preferentes se legalizaron para su venta en cajas de ahorros durante el Gobierno de Aznar y que se vendieron sobre todo a partir de 2009, con Feijóo de presidente.
La carta recalca que la solución del problema es 'política' y apunta que los 'comandos' a los que critica Louzán 'están integrados por jubilados, trabajadores, desempleados, personas enfermas o con discapacidades, menores de edad, familiares de afectados, estudiantes, personas de toda edad y condición, que tienen en común haber sido víctimas de la estafa masiva', por lo que 'las acusaciones van por tanto dirigidas a la totalidad de los afectados'.
El escrito señala que 'fue el Gobierno de Feijóo el que negoció informalmente con la UE el número de laudos arbitrales que iban a ser resueltos favorablemente (que según el exconselleiro de Industria solo representarían el 15% de los casos) y de hecho a día de hoy quedan más de 40.000 solicitudes sin resolver'.
Los afectados manifiestan el 'nerviosismo' de los dirigentes del PP 'acorralados por sus propias mentiras y promesas electorales incumplidas' y acusan a Louzán de 'echar mano de la demagogia y la infamia poniendo de manifiesto la falsedad y falta de 'nobleza' de la mayoría de los dirigentes populares, que con peinetas, insultos, provocaciones e injurias, pretenden convertir a las víctimas en verdugos para autojustificarse, en un alarde de irresponsabilidad y falta de rigor'.
El texto insiste en que el proceso de arbitraje es 'opaco' y en él 'impera el caciqueo', recuerda que Price Waterhouse Coopers -que realizó la auditoría sobre qué solicitudes de arbitraje deberían ser aceptadas- fue elegida por el Gobierno, que tanto el ministro de Economía como el director del FROB fueron cargos de la misma y que no se conocen los criterios elegidos, así como que la Xunta por un lado 'vende como un logro' que existan los arbitrajes y por el otro dice que es responsabilidad de Novagalicia Banco, 'según les convenga'.
Recuerda que las preferentes se legalizaron para su venta en cajas de ahorros durante el Gobierno de Aznar y que se vendieron sobre todo a partir de 2009, con Feijóo de presidente.
La carta recalca que la solución del problema es 'política' y apunta que los 'comandos' a los que critica Louzán 'están integrados por jubilados, trabajadores, desempleados, personas enfermas o con discapacidades, menores de edad, familiares de afectados, estudiantes, personas de toda edad y condición, que tienen en común haber sido víctimas de la estafa masiva', por lo que 'las acusaciones van por tanto dirigidas a la totalidad de los afectados'.
