El esquema, hasta el 28 de febrero, está vinculado a que las empresas formen a sus trabajadores
El Gobierno aprobó ayer, tras cerrar el lunes un nuevo acuerdo con patronal y sindicatos, la prórroga de las ayudas para los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de la pandemia con un nuevo esquema que regirá hasta el 28 de febrero y vinculado a que las empresas formen a sus trabajadores.
“El foco está en la formación”, dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Finalmente, el esquema de ayudas ha salido adelante con una propuesta más generosa de la planteada inicialmente y premiando a las empresas que ofrezcan esa formación con una exoneración del 80%, frente al 40% de las que no lo hagan (tasa que sube al 50% si se trata de compañías de menos de 10 trabajadores).
Para facilitar la transición a este nuevo modelo de ERTE “formativos”, durante octubre se mantendrán las condiciones y modalidades actuales para dar margen a las empresas para solicitar los nuevos: tendrán hasta el 15 de octubre para ello y las autoridades laborales 10 días para resolver. Junto a esto, se deja abierta la puerta a que las empresas puedan solicitar ERTE de impedimento derivados de nuevas restricciones administrativas de la pandemia y se habilitan nuevos ERTE para las empresas de Canarias afectadas por la erupción de La Palma.
Estos últimos ERTE tendrán una exoneración del 90% en caso de limitación y del 100 % en caso de impedimento.
Se mantienen las medidas de protección para los trabajadores, así como la prestación a los fijos discontinuos, y se amplía el contador a cero hasta el 31 de diciembre de 2022. Se extiende también el compromiso de mantenimiento del empleo, la prohibición del despido o las restricciones en horas extraordinarias o las externalizaciones de la actividad.
La prórroga de los ERTE lleva de la mano la ampliación hasta el 28 de febrero de 2022 del esquema de protección para trabajadores autónomos, que prácticamente se mantiene sin cambios, salvo en el caso de la prestación extraordinaria por bajos ingresos para quienes no pueden acceder a ninguna otra ayuda para este colectivo.
El Gobierno mantiene la prestación extraordinaria por bajos ingresos para aquellos autónomos que no han podido optar a las ayudas anteriores, si bien ha dificultado el acceso a la misma, elevando del 50% al 75% la caída de ingresos que deben acreditar y situando en el 75 % del SMI el rendimiento máximo. La cuantía de esta ayuda está fijada en el 50% de la base mínima. El Gobierno exonerará las cotizaciones sociales de este colectivo de manera decreciente: octubre (90%), noviembre (75%), diciembre (50%) y enero (25%).
Subida del salario mínimo hasta llegar a 965 euros brutos al mes
El Consejo de Ministros aprobó ayer la subida de 15 euros mensuales del salario mínimo interprofesional (SMI) con efecto desde el 1 de septiembre, hasta 965 euros brutos en 14 pagas, según lo acordado por el Gobierno y los sindicatos con el rechazo de la patronal.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, enmarcó este incremento del 1,57% en el contexto de una recuperación justa.
“Salimos de esta crisis no bajando los salarios, sino que estamos demostrando que salimos subiendo los salarios. Y subir los salarios forma parte no sólo de medidas de protección social como indica el Banco de España, sino que radica en la convicción firme de eficiencia económica y del buen funcionamiento de la economía en nuestro país”, ha explicado Díaz sobre esta medida que afecta en torno a un millón y medio de personas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó en Twitter que con esta subida del SMI se avanza hacia un país “con más justicia social, más oportunidades, más igualitario”.
La subida se encuentra en el rango medio de la horquilla de entre 12 y 19 euros recomendada por la comisión asesora sobre el SMI, un alza que los sindicatos consideran insuficiente, pero que han aceptado porque el Gobierno se ha comprometido a seguir subiéndolo en 2022 y 2023 para situarlo en el 60 % del salario medio al final de la legislatura.
La patronal inisitió ayer que aún no es el momento de una nueva subida.
