La comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid ha aprobado, con los votos del PP y la abstención de PSOE e IU, una remodelación de la Ley de Cajas regional que da al Ejecutivo regional la última palabra a la hora de decidir si una caja de ahorros domiciliada en Madrid pasa a ser considerada fundación especial, al tiempo que deja a las cajas 'a las puertas de la privatización', según ha criticado el diputado de IU Miguel Reneses.
La comisión de Hacienda y Presupuestos celebrada este martes en la Asamblea de Madrid ha dado luz verde a la reforma de la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad que, entre otras cosas, reduce la representación de las corporaciones locales en los órganos de gobierno de la entidad y permite a la Comunidad de Madrid reservarse la última palabra a la hora de que una caja domiciliada en la región decida reducir su participación en la entidad de crédito o central y transformarse en una fundación especial.
Se trata de una enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario popular, que modifica el apartado 3 del artículo 14 quarter de la Ley de Cajas de la Comunidad para introducir el artículo 5.4 del Real Decreto-Ley del mes de julio, que dice que serán fundaciones especiales 'las cajas de ahorros domiciliadas en la Comunidad de Madrid que, de forma concertada, ejerzan en exclusiva su objeto como entidades de crédito a través de una entidad de crédito controlada conjuntamente por todas ellas conforme a lo dispuesto en el artículo 5.4 del Real decreto Ley de 9 de julio' del Estado, y la participación conjunta de todas ellas no alcance el 50 por ciento de los derechos de voto de la entidad de crédito.
'La aprobación por la Caja de Ahorros del acuerdo que determine o autorice la reducción de la participación de la caja en la entidad de crédito de manera que supusiera su transformación en fundación especial exigirá autorización previa del Gobierno de la Comunidad de Madrid', reza la enmienda de los 'populares', que ha sido incluida en el dictamen de la comisión, que se aprobará en el pleno de este jueves.
Durante su intervención, el portavoz socialista en la materia Adolfo Piñedo se ha referido a esta premisa y ha afirmado que están ' a favor' de una serie de medidas que ha introducido la Comunidad y que 'tienden a asegurar el derecho de veto de la Consejería, del Gobierno, en el caso de que la caja sufriese transformaciones estructurales'.
Según ha explicado, lo que hace esta reforma es 'ampliar el derecho de veto a todas las demás transformaciones estructurales que se pueden dar en las cajas de ahorros para prever el caso de que Caja Madrid se transforme en una fundación especial o que ceda su negocio a un banco'.
'Nos parece razonable que el Gobierno tenga algo que decir a ese respeto. Lo que no nos parece es muy liberal. Yo, que no soy liberal, me parece bien que el Gobierno intervenga en estas cosas pero los liberales me parece que lo tienen mas complicado que yo para explicar por qué quieren que se produzca esto', ha destacado Piñedo.
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en la materia Pedro Muñoz ha respondido a las críticas socialistas sobre el papel que juega la Consejería de Economía y Hacienda en las cajas madrileñas y ha dicho a Piñedo que la Consejería que dirige Antonio Beteta no actúa como poder político, sino que lleva a cabo 'funciones de tutela en función de su consideración como administración'.
'Hay que saber diferenciar', ha espetado al socialista, insistiendo en que no actúa como 'órgano político' sino como administración. 'No se está desarrollando una acción política', ha remachado.
CAMBIOS INTERNOS
Entre los cambios que introduce la nueva ley, se encuentra la limitación de la representación pública hasta un máximo del 40 por ciento, porcentaje que se redistribuye entre los diferentes sectores de representación, incrementándose en el caso de los impositores y disminuyendo el de las corporaciones municipales en un 1,5 por ciento.
Además, incorpora la nueva regulación estatal de las cuotas participativas a la normativa autonómica para que, además de los derechos económicos, se regulen los derechos políticos y de gestión que también le corresponden a los cuota-partícipes (nuevos accionistas privados).
Asimismo, se potencia la Obra Social, en su forma actual o bajo las nuevas estructuras que puedan crearse (fundaciones de carácter especial), que quedarán bajo protectorado de la Administración autonómica.
Además, prevé que independientemente de las modificaciones estructurales que puedan sufrir las cajas, las entidades resultantes deben continuar con la obra social, destinando los mismos porcentajes previstos en la legislación. La normativa también regula que el presupuesto de las fundaciones que las cajas pueden crear para desarrollar obras sociales debe ser autorizado por la Comunidad de Madrid y supervisado por la Asamblea General.
Por su parte, el diputado socialista ha defendido sus enmiendas, que buscan que haya los mismos representantes sindicales y empresariales en el Consejo de Administración de Caja Madrid o redistribuir los representantes de la comunidad universitaria.
La norma dice que un 10 por ciento corresponde a la comunidad universitaria, y un 13 por ciento a las entidades en representación del sector comercial, industrial o de servicios que ejerzan estas actividades en la Comunidad.
El 51 por ciento restante, corresponde al resto de entidades representativas, entre las que hay fundaciones, asociaciones... y el PSOE quiere que un 26 por ciento corresponda a las organizaciones sindicales más representativas; un 13 por ciento, a organizaciones empresariales y un 16 por ciento a la comunidad universitaria, de manera que 'el número de consejeros generales que se elija sea 'directamente proporcional al número de alumnos matriculados en cada universidad'.
Completa el reparto, el 13 por ciento para entidades en representación de otros sectores como el comercial o el industrial, y por fin, un 32 por ciento al resto de entidades.
Con esta medida quieren 'mantener la paridad entre organizaciones sindicales y empresariales, incluyendo en éstas, a la Cámara de Comercio de Madrid'. Asimismo, pretenden 'incrementar la representación de las universidades introduciendo un criterio de ponderación según el número de alumnos matriculados'.
Asimismo, quieren que sea la Asamblea de Madrid y no la Consejería de Hacienda la competente para modificar la relación de entidades representativas y que los puestos que correspondan a cada sector representado en la caja se atribuyan en proporción al número de votos obtenidos en la Asamblea general por cada candidatura.
También eliminan la necesidad de que la pluralidad de propuestas que se produzcan en sector de empleados y entidades representativas tengan que ser sometidas a votación entre consejeros generales del sector y piden que se necesite el voto a favor de al menos dos tercios de los miembros del consejo para dar y quitar funciones ejecutivas al presidente de la Caja.
ALCOHOL POR LA NOCHE
Por último, se incorpora una enmienda del PP que da poder a los ayuntamientos para que puedan escoger en qué zonas de sus territorios aplicar la nueva normativa que permite a los establecimientos que abren más de 18 horas al día, vender alcohol más allá de las 22 horas.
El portavoz 'popular' ha defendido la legalidad de esta medida en virtud de una resolución de julio de 2005 del Gobierno central, que permite introducir en las disposiciones finales de las leyes modificaciones que no atienden al objeto principal de la ley.
Asimismo, ha criticado la 'argucia poco cortés desde el punto de vista parlamentario' que llevó a cabo IU durante el debate de la ley de medidas fiscales al no permitir que se debatiera esta medida
Se trata de una enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario popular, que modifica el apartado 3 del artículo 14 quarter de la Ley de Cajas de la Comunidad para introducir el artículo 5.4 del Real Decreto-Ley del mes de julio, que dice que serán fundaciones especiales 'las cajas de ahorros domiciliadas en la Comunidad de Madrid que, de forma concertada, ejerzan en exclusiva su objeto como entidades de crédito a través de una entidad de crédito controlada conjuntamente por todas ellas conforme a lo dispuesto en el artículo 5.4 del Real decreto Ley de 9 de julio' del Estado, y la participación conjunta de todas ellas no alcance el 50 por ciento de los derechos de voto de la entidad de crédito.
'La aprobación por la Caja de Ahorros del acuerdo que determine o autorice la reducción de la participación de la caja en la entidad de crédito de manera que supusiera su transformación en fundación especial exigirá autorización previa del Gobierno de la Comunidad de Madrid', reza la enmienda de los 'populares', que ha sido incluida en el dictamen de la comisión, que se aprobará en el pleno de este jueves.
Durante su intervención, el portavoz socialista en la materia Adolfo Piñedo se ha referido a esta premisa y ha afirmado que están ' a favor' de una serie de medidas que ha introducido la Comunidad y que 'tienden a asegurar el derecho de veto de la Consejería, del Gobierno, en el caso de que la caja sufriese transformaciones estructurales'.
Según ha explicado, lo que hace esta reforma es 'ampliar el derecho de veto a todas las demás transformaciones estructurales que se pueden dar en las cajas de ahorros para prever el caso de que Caja Madrid se transforme en una fundación especial o que ceda su negocio a un banco'.
'Nos parece razonable que el Gobierno tenga algo que decir a ese respeto. Lo que no nos parece es muy liberal. Yo, que no soy liberal, me parece bien que el Gobierno intervenga en estas cosas pero los liberales me parece que lo tienen mas complicado que yo para explicar por qué quieren que se produzca esto', ha destacado Piñedo.
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en la materia Pedro Muñoz ha respondido a las críticas socialistas sobre el papel que juega la Consejería de Economía y Hacienda en las cajas madrileñas y ha dicho a Piñedo que la Consejería que dirige Antonio Beteta no actúa como poder político, sino que lleva a cabo 'funciones de tutela en función de su consideración como administración'.
'Hay que saber diferenciar', ha espetado al socialista, insistiendo en que no actúa como 'órgano político' sino como administración. 'No se está desarrollando una acción política', ha remachado.
CAMBIOS INTERNOS
Entre los cambios que introduce la nueva ley, se encuentra la limitación de la representación pública hasta un máximo del 40 por ciento, porcentaje que se redistribuye entre los diferentes sectores de representación, incrementándose en el caso de los impositores y disminuyendo el de las corporaciones municipales en un 1,5 por ciento.
Además, incorpora la nueva regulación estatal de las cuotas participativas a la normativa autonómica para que, además de los derechos económicos, se regulen los derechos políticos y de gestión que también le corresponden a los cuota-partícipes (nuevos accionistas privados).
Asimismo, se potencia la Obra Social, en su forma actual o bajo las nuevas estructuras que puedan crearse (fundaciones de carácter especial), que quedarán bajo protectorado de la Administración autonómica.
Además, prevé que independientemente de las modificaciones estructurales que puedan sufrir las cajas, las entidades resultantes deben continuar con la obra social, destinando los mismos porcentajes previstos en la legislación. La normativa también regula que el presupuesto de las fundaciones que las cajas pueden crear para desarrollar obras sociales debe ser autorizado por la Comunidad de Madrid y supervisado por la Asamblea General.
Por su parte, el diputado socialista ha defendido sus enmiendas, que buscan que haya los mismos representantes sindicales y empresariales en el Consejo de Administración de Caja Madrid o redistribuir los representantes de la comunidad universitaria.
La norma dice que un 10 por ciento corresponde a la comunidad universitaria, y un 13 por ciento a las entidades en representación del sector comercial, industrial o de servicios que ejerzan estas actividades en la Comunidad.
El 51 por ciento restante, corresponde al resto de entidades representativas, entre las que hay fundaciones, asociaciones... y el PSOE quiere que un 26 por ciento corresponda a las organizaciones sindicales más representativas; un 13 por ciento, a organizaciones empresariales y un 16 por ciento a la comunidad universitaria, de manera que 'el número de consejeros generales que se elija sea 'directamente proporcional al número de alumnos matriculados en cada universidad'.
Completa el reparto, el 13 por ciento para entidades en representación de otros sectores como el comercial o el industrial, y por fin, un 32 por ciento al resto de entidades.
Con esta medida quieren 'mantener la paridad entre organizaciones sindicales y empresariales, incluyendo en éstas, a la Cámara de Comercio de Madrid'. Asimismo, pretenden 'incrementar la representación de las universidades introduciendo un criterio de ponderación según el número de alumnos matriculados'.
Asimismo, quieren que sea la Asamblea de Madrid y no la Consejería de Hacienda la competente para modificar la relación de entidades representativas y que los puestos que correspondan a cada sector representado en la caja se atribuyan en proporción al número de votos obtenidos en la Asamblea general por cada candidatura.
También eliminan la necesidad de que la pluralidad de propuestas que se produzcan en sector de empleados y entidades representativas tengan que ser sometidas a votación entre consejeros generales del sector y piden que se necesite el voto a favor de al menos dos tercios de los miembros del consejo para dar y quitar funciones ejecutivas al presidente de la Caja.
ALCOHOL POR LA NOCHE
Por último, se incorpora una enmienda del PP que da poder a los ayuntamientos para que puedan escoger en qué zonas de sus territorios aplicar la nueva normativa que permite a los establecimientos que abren más de 18 horas al día, vender alcohol más allá de las 22 horas.
El portavoz 'popular' ha defendido la legalidad de esta medida en virtud de una resolución de julio de 2005 del Gobierno central, que permite introducir en las disposiciones finales de las leyes modificaciones que no atienden al objeto principal de la ley.
Asimismo, ha criticado la 'argucia poco cortés desde el punto de vista parlamentario' que llevó a cabo IU durante el debate de la ley de medidas fiscales al no permitir que se debatiera esta medida
