El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado, con los votos del PP y la abstención de PSOE e IU, la reforma de la Ley de Cajas que deja abierta la puerta a su transformación en bancos y que da a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid la última palabra en la toma de esta decisión.
La norma, que introduce en la legislación madrileña el artículo 5.4 del Real Decreto-Ley del Estado del mes de julio, reduce la representación política en los órganos de gobierno de la caja, refuerza la obra social y permite la capitalización de las cajas dejando permitiendo a la Comunidad de Madrid reservarse la última palabra a la hora de que una caja domiciliada en la región decida reducir su participación en la entidad de crédito o central y transformarse en una fundación especial.
Ése ha sido el aspecto remarcado por el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, durante su intervención en la última sesión que la Cámara madrileña celebrará hasta el mes de febrero.
Según el consejero, se persigue 'la incorporación a la normativa autonómica de las nuevas estructuras exigidas por la Ley Básica Estatal' y cumple una serie de 'objetivos adicionales' que pasan por la 'despolitización absoluta de la gestión financiera, la libertad de actuación en el mercado y el fomento de la obra social, que es la causa que justificó en su origen la creación de estas entidades'.
Entre las modificaciones que contiene la norma se encuentra la limitación de la representación pública hasta un máximo del 40 por ciento, porcentaje que se redistribuye entre los diferentes sectores de representación, incrementándose en el caso de los impositores y disminuyendo el de las corporaciones municipales en un 1,5 por ciento. El consejero ha explicado que lo que se persigue es conseguir una 'mayor profesionalización'.
Por otro lado, la Ley incorpora la nueva regulación estatal de las cuotas participativas a la normativa autonómica para que, además de los derechos económicos, se regulen los derechos políticos y de gestión que también le corresponden a los cuota-partícipes (nuevos accionistas privados) y potencia la Obra Social, en su forma actual o bajo las nuevas estructuras que puedan crearse (fundaciones de carácter especial), que quedarán bajo protectorado de la Administración autonómica.
Además, prevé que, independientemente de las modificaciones estructurales que puedan sufrir las cajas, las entidades resultantes deben continuar con la obra social, destinando los mismos porcentajes previstos en la legislación.
La normativa también regula que el presupuesto de las fundaciones que las cajas pueden crear para desarrollar obras sociales debe ser autorizado por la Comunidad de Madrid y supervisado por la Asamblea General.
Beteta ha añadido que 'el objetivo final no es otro que conseguir que las cajas de ahorros estén preparadas para enfrentarse a los retos del futuro, que estará presidido por el endurecimiento de los requisitos de solvencia a causa de las nuevas normas internacionales sobre regulación, supervisión, riesgo y solvencia de las entidades de crédito acordadas en los Acuerdos de Basilea III'.
PSOE: MISMOS REPRESENTANTES SINDICALES Y EMPRESARIALES
Por parte del PSOE, su portavoz en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, Adolfo Piñedo, ha defendido sus enmiendas, que buscan, entre otras cosas, que haya los mismos representantes sindicales y empresariales en el Consejo de Administración de Caja Madrid o redistribuir los representantes de la comunidad universitaria.
Según ha recordado, las enmiendas del PSOE pasan por buscar la 'representación paritaria' empresarios-sindicatos en los órganos de la caja, ya que ahora los sindicatos cuentan con un 13 por ciento y las entidades empresariales, con un 26 por ciento. Además, quieren que la representación universitaria sea 'directamente proporcional al número de alumnos matriculados en cada universidad'.
Asimismo, quieren que sea la Asamblea de Madrid y no la Consejería de Hacienda la competente para modificar la relación de entidades representativas y que los puestos que correspondan a cada sector representado en la caja se atribuyan en proporción al número de votos obtenidos en la Asamblea general por cada candidatura.
También eliminan la necesidad de que la pluralidad de propuestas que se produzcan en sector de empleados y entidades representativas tengan que ser sometidas a votación entre consejeros generales del sector y piden que se necesite el voto a favor de al menos dos tercios de los miembros del consejo para dar y quitar funciones ejecutivas al presidente de la Caja.
IU: LA LEY ABRE LAS PUERTAS A LA 'PRIVATIZACIÓN'
Por parte de IU, el diputado Antero Ruiz ha sido el encargado de defender la postura de IU en esta reforma de la Ley de Cajas, a la que se abstendrán ya que a pesar de que abre las puertas a la 'privatización' de estas entidades pone algún freno al mercado dando la última palabra a la Comunidad de Madrid en el caso de que se dé algún cambio de naturaleza jurídica.
Ruiz ha criticado que se abran las puertas 'al cambio de naturaleza jurídica y a la posible privatización' de las cajas de ahorros. '(Esta modificación) abre la vía a la privatización de las cajas e IU está en contra', ha remachado.
El parlamentario ha defendido que 'resulta vital preservar la naturaleza jurídica social de las cajas', y ha sostenido que su existencia supone una 'garantía democrática frente a los peligros de concentración monopolística del poder financiero'.
PP: EL PSOE NO APORTA NADA EN SUS ENMIENDAS
Por su parte, el portavoz de Presupuestos y Hacienda del Grupo Parlamentario del Partido Popular, Pedro Muñoz Abrines, ha recordado que 'los tres objetivos fundamentales de la Ley pasan por facilitar la capitalización de las cajas, su profesionalización y por intentar disminuir el nivel de politización de las mismas para hacerlas más competitivas y con mayor garantía de éxito'.
Respecto a las posiciones puestas de manifiesto por los partidos de la oposición, Muñoz Abrines ha coincidido en señalar que ambas son 'un error' aunque las ha diferenciado atendiendo a la 'coherencia' de IU y la falta de la misma demostrada, según él, por el PSOE.
'IU resulta coherente ya que no estuvo de acuerdo con el contenido de la legislación nacional (a la que se adecua esta Ley), pero comete un error político. En cambio, en el PSOE la abstención resulta incomprensible ya que la Ley a la que nos estamos adaptando la promovió el Gobierno de (José Luis Rodríguez) Zapatero', ha defendido.
Respecto a las enmiendas, ha dicho que el PSOE sigue anclado en el pasado e insiste en 'duplicar la representación sindical y que la Asamblea de Madrid tenga capacidad para hacer nombramientos dentro de la caja'.
Ése ha sido el aspecto remarcado por el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, durante su intervención en la última sesión que la Cámara madrileña celebrará hasta el mes de febrero.
Según el consejero, se persigue 'la incorporación a la normativa autonómica de las nuevas estructuras exigidas por la Ley Básica Estatal' y cumple una serie de 'objetivos adicionales' que pasan por la 'despolitización absoluta de la gestión financiera, la libertad de actuación en el mercado y el fomento de la obra social, que es la causa que justificó en su origen la creación de estas entidades'.
Entre las modificaciones que contiene la norma se encuentra la limitación de la representación pública hasta un máximo del 40 por ciento, porcentaje que se redistribuye entre los diferentes sectores de representación, incrementándose en el caso de los impositores y disminuyendo el de las corporaciones municipales en un 1,5 por ciento. El consejero ha explicado que lo que se persigue es conseguir una 'mayor profesionalización'.
Por otro lado, la Ley incorpora la nueva regulación estatal de las cuotas participativas a la normativa autonómica para que, además de los derechos económicos, se regulen los derechos políticos y de gestión que también le corresponden a los cuota-partícipes (nuevos accionistas privados) y potencia la Obra Social, en su forma actual o bajo las nuevas estructuras que puedan crearse (fundaciones de carácter especial), que quedarán bajo protectorado de la Administración autonómica.
Además, prevé que, independientemente de las modificaciones estructurales que puedan sufrir las cajas, las entidades resultantes deben continuar con la obra social, destinando los mismos porcentajes previstos en la legislación.
La normativa también regula que el presupuesto de las fundaciones que las cajas pueden crear para desarrollar obras sociales debe ser autorizado por la Comunidad de Madrid y supervisado por la Asamblea General.
Beteta ha añadido que 'el objetivo final no es otro que conseguir que las cajas de ahorros estén preparadas para enfrentarse a los retos del futuro, que estará presidido por el endurecimiento de los requisitos de solvencia a causa de las nuevas normas internacionales sobre regulación, supervisión, riesgo y solvencia de las entidades de crédito acordadas en los Acuerdos de Basilea III'.
PSOE: MISMOS REPRESENTANTES SINDICALES Y EMPRESARIALES
Por parte del PSOE, su portavoz en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, Adolfo Piñedo, ha defendido sus enmiendas, que buscan, entre otras cosas, que haya los mismos representantes sindicales y empresariales en el Consejo de Administración de Caja Madrid o redistribuir los representantes de la comunidad universitaria.
Según ha recordado, las enmiendas del PSOE pasan por buscar la 'representación paritaria' empresarios-sindicatos en los órganos de la caja, ya que ahora los sindicatos cuentan con un 13 por ciento y las entidades empresariales, con un 26 por ciento. Además, quieren que la representación universitaria sea 'directamente proporcional al número de alumnos matriculados en cada universidad'.
Asimismo, quieren que sea la Asamblea de Madrid y no la Consejería de Hacienda la competente para modificar la relación de entidades representativas y que los puestos que correspondan a cada sector representado en la caja se atribuyan en proporción al número de votos obtenidos en la Asamblea general por cada candidatura.
También eliminan la necesidad de que la pluralidad de propuestas que se produzcan en sector de empleados y entidades representativas tengan que ser sometidas a votación entre consejeros generales del sector y piden que se necesite el voto a favor de al menos dos tercios de los miembros del consejo para dar y quitar funciones ejecutivas al presidente de la Caja.
IU: LA LEY ABRE LAS PUERTAS A LA 'PRIVATIZACIÓN'
Por parte de IU, el diputado Antero Ruiz ha sido el encargado de defender la postura de IU en esta reforma de la Ley de Cajas, a la que se abstendrán ya que a pesar de que abre las puertas a la 'privatización' de estas entidades pone algún freno al mercado dando la última palabra a la Comunidad de Madrid en el caso de que se dé algún cambio de naturaleza jurídica.
Ruiz ha criticado que se abran las puertas 'al cambio de naturaleza jurídica y a la posible privatización' de las cajas de ahorros. '(Esta modificación) abre la vía a la privatización de las cajas e IU está en contra', ha remachado.
El parlamentario ha defendido que 'resulta vital preservar la naturaleza jurídica social de las cajas', y ha sostenido que su existencia supone una 'garantía democrática frente a los peligros de concentración monopolística del poder financiero'.
PP: EL PSOE NO APORTA NADA EN SUS ENMIENDAS
Por su parte, el portavoz de Presupuestos y Hacienda del Grupo Parlamentario del Partido Popular, Pedro Muñoz Abrines, ha recordado que 'los tres objetivos fundamentales de la Ley pasan por facilitar la capitalización de las cajas, su profesionalización y por intentar disminuir el nivel de politización de las mismas para hacerlas más competitivas y con mayor garantía de éxito'.
Respecto a las posiciones puestas de manifiesto por los partidos de la oposición, Muñoz Abrines ha coincidido en señalar que ambas son 'un error' aunque las ha diferenciado atendiendo a la 'coherencia' de IU y la falta de la misma demostrada, según él, por el PSOE.
'IU resulta coherente ya que no estuvo de acuerdo con el contenido de la legislación nacional (a la que se adecua esta Ley), pero comete un error político. En cambio, en el PSOE la abstención resulta incomprensible ya que la Ley a la que nos estamos adaptando la promovió el Gobierno de (José Luis Rodríguez) Zapatero', ha defendido.
Respecto a las enmiendas, ha dicho que el PSOE sigue anclado en el pasado e insiste en 'duplicar la representación sindical y que la Asamblea de Madrid tenga capacidad para hacer nombramientos dentro de la caja'.
