La comisión ejecutiva del Banco de España ha autorizado la constitución del Grupo Cooperativo Cajamar como grupo consolidable de entidades de crédito y ha calificado el acuerdo suscrito por las cajas participantes como un Sistema Institucional de Protección (SIP), el primero formado en España. Las cuatro cajas rurales que formarán este grupo -Cajamar Caja Rural, Caja Campo, Caja Rural de Casinos y Caixa Albalat- suman activos valorados en 26.845 millones de euros, que suponen en torno al 30 por ciento del balance de las 76 cajas rurales que operan en España, informó hoy Cajamar en un comunicado.
De momento la calificación del Banco de España concierne a Cajamar Caja Rural, Caja Campo y Caja Rural de Casinos, que aprobaron el acuerdo de constitución y funcionamiento del grupo en las asambleas generales celebradas el 23 de junio, si bien se espera que en fecha próxima resuelva la autorización de Caixa Albalat, cuya asamblea general aprobó su incorporación al SIP el 2 de octubre.
Una vez obtenida la autorización del Banco de España, las entidades participantes consolidarán sus balances al cierre del ejercicio 2009 y concluirán su proceso de integración operativa el próximo 15 de febrero, fecha en la que ya compartirán una única plataforma tecnológica.
Según la caja almeriense, el Grupo Cooperativo Cajamar ha sido constituido con el propósito de 'fortalecer y mejorar la eficiencia de las entidades que lo integran', y representa una de cada cuatro oficinas y uno de cada cuatro empleados del sector de cajas rurales, si bien está abierto a la participación de más entidades de este tipo que operen en España.
A 30 de septiembre de 2009, el Grupo Cooperativo Cajamar se constituye con 982 oficinas y 4.311 empleados en 36 provincias de once comunidades autónomas, y tendría activos valorados en 26.845 millones de euros, así como un volumen de negocio de Balance de más de 44.400 millones de euros.
El grupo consolidable liderado por Cajamar Caja Rural contribuirá a reforzar entre sí a las entidades que lo integran, concentrando en el mismo su negocio y sus políticas de gestión y de control de riesgos, solvencia y liquidez, manteniendo cada una su personalidad jurídica y sus órganos de gobierno y dirección, sedes sociales y la gestión del fondo de educación y promoción.
Estos son los supuestos que representan un SIP, que carece de personalidad jurídica y tiene como objetivo último el de controlar el riesgo de sus asociados y evitar de este modo que la hipotética caída de una de las cajas pueda afectar al resto.
'La situación presente de la economía y del sistema financiero en España nos obliga a reconsiderar los principios y los modelos de actuación que han sustentado la actividad de las cajas rurales durante los últimos veinte años', manifestó el presidente de Cajamar Caja Rural, Antonio Pérez Lao.
Una vez obtenida la autorización del Banco de España, las entidades participantes consolidarán sus balances al cierre del ejercicio 2009 y concluirán su proceso de integración operativa el próximo 15 de febrero, fecha en la que ya compartirán una única plataforma tecnológica.
Según la caja almeriense, el Grupo Cooperativo Cajamar ha sido constituido con el propósito de 'fortalecer y mejorar la eficiencia de las entidades que lo integran', y representa una de cada cuatro oficinas y uno de cada cuatro empleados del sector de cajas rurales, si bien está abierto a la participación de más entidades de este tipo que operen en España.
A 30 de septiembre de 2009, el Grupo Cooperativo Cajamar se constituye con 982 oficinas y 4.311 empleados en 36 provincias de once comunidades autónomas, y tendría activos valorados en 26.845 millones de euros, así como un volumen de negocio de Balance de más de 44.400 millones de euros.
El grupo consolidable liderado por Cajamar Caja Rural contribuirá a reforzar entre sí a las entidades que lo integran, concentrando en el mismo su negocio y sus políticas de gestión y de control de riesgos, solvencia y liquidez, manteniendo cada una su personalidad jurídica y sus órganos de gobierno y dirección, sedes sociales y la gestión del fondo de educación y promoción.
Estos son los supuestos que representan un SIP, que carece de personalidad jurídica y tiene como objetivo último el de controlar el riesgo de sus asociados y evitar de este modo que la hipotética caída de una de las cajas pueda afectar al resto.
'La situación presente de la economía y del sistema financiero en España nos obliga a reconsiderar los principios y los modelos de actuación que han sustentado la actividad de las cajas rurales durante los últimos veinte años', manifestó el presidente de Cajamar Caja Rural, Antonio Pérez Lao.
