La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) impusieron ayer a España una nueva agenda de reformas financieras que debe emprender tras el fin del rescate bancario, que expiró el pasado 23 de enero, con el objetivo de reforzar la solidez de la banca y su capacidad de dar crédito a la economía real.
Las dos instituciones piden al Gobierno de Rajoy que vigile que las diferentes medidas para limitar los desahucios a nivel nacional y regional no ponen en riesgo la estabilidad financiera; que no permita que vuelvan a venderse a los particulares productos financieros como las preferentes, y que preserve la unidad del mercado de servicios financieros en España frente a las diferentes leyes autonómicas. Los altos niveles de paro y la debilidad del mercado inmobiliario siguen suponiendo fuertes dificultades para la rentabilidad de los bancos, según los organismos europeos.
