Cierre de las entidades que no sean viables y cuya quiebra no ponga en riesgo al sector

La Unión Europea exige a España el cierre de las entidades problemáticas (Foto: Archivo EFE)
La Unión Europea exige a España el cierre de las entidades problemáticas inviables cuya quiebra no ponga en riesgo al conjunto del sector, según consta en el memorándum del rescate bancario pactado este martes por el Eurogrupo, que no obstante no identifica qué bancos deben cerrarse.
'Para los bancos no viables que necesiten fondos públicos, las autoridades españolas tienen que presentar un plan de resolución ordenada', señala el memorándum. Estos planes deberán garantizar la estabilidad financiera, en particular protegiendo los depósitos de los clientes, minimizando el coste para los contribuyentes y permitiendo que los bancos sanos puedan adquirir activos en un proceso competitivo.

El memorándum clasifica las entidades españolas en cuatro grupos: en primer lugar, las nacionalizadas (Bankia, Noavacaixagalicia, Banco de Valencia y Catalunya Caixa), que son las que recibirán la ayuda más pronto.

En segundo lugar, las que necesitan más capital y no pueden lograrlo en el mercado. En tercer lugar, los bancos que requieren reforzar sus recursos pero pueden recurrir a inversores privados. En cuarto lugar, los bancos que no necesitan ningún tipo de ayuda, grupo en el que los analistas sitúan al BBVA, Santander y Caixa Bank.

La UE considera que la liquidación ordenada puede aplicarse tanto a los bancos del primer grupo como a los del segundo. A finales de agosto, España deberá aprobar una norma que refuerce los poderes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en materia de resolución.

El resto de entidades que reciba ayudas deberá presentar un plan de reestructuración que compense cualquier distorsión de competencia. El plan debe minimizar los costes para los contribuyentes y para ello se obligará a asumir pérdidas en primer lugar a los accionistas y después a los inversores en capital híbrido y deuda subordinada. El texto establece que los accionistas, los titulares de capital híbrido -acciones preferentes y otros instrumentos de la deuda- y los de deuda subordinada tendrán que asumir parte de las pérdidas y el Gobierno adoptará las medidas legislativas necesarias para que esto se cumpla.

Los bancos estarán obligados a vender participaciones y activos que no sean centrales a sus actividades, así como a prohibir el pago de dividendos y limitar el sueldo de los directivos. Los activos problemáticos de los bancos que reciban ayudas se segregarán rápidamente de su balance y se transferirán a una especie de 'banco malo', a una sociedad de gestión de activos, a precios razonables.

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