Ni siquiera ha transcurrido un cuarto de este siglo y ya van tres grandes crisis, de las que hacen historia.
La primera crisis del siglo XXI, la de 2008, tuvo un origen financiero, asociado al estallido de la burbuja inmobiliaria. España adoptó entonces severas medidas de austeridad, a pesar de tener un desempleo elevado. Lo hizo bajo presión, sin capacidad de refinanciar su deuda y obligada a recortar su gasto y a subir los impuestos. Ante la imposibilidad de un cambio inmediato del modelo productivo, la devaluación interna perfiló la salida de aquella primera gran crisis del siglo.
La segunda crisis económica del siglo XXI se derivó, en 2020, de la pandemia de la covid-19, pero sin perder de vista que algunos de los problemas de la economía española ya estaban ahí cuando llegó el coronavirus. De hecho, debido a su cuadro macroeconómico previo y a su modelo económico, el PIB de España era a finales de 2021 el segundo más afectado en la Unión Europea (UE), del mismo modo que su tasa de paro. Otras economías europeas más industrializadas fueron y seguían siendo más resilientes.
La tercera crisis tardó solo dos años en llegar y se visualiza a través de la inflación, que ha subido en marzo al 9,8%, su nivel más alto desde 1985. Es decir, un dato sin precedentes desde que España está en la UE, antes llamada Comunidad Económica Europea (CEE), a la que se había incorporado en enero de 1986. Por tanto, una cifra también sin precedentes desde que existe el euro.
Una inflación del 9,8% multiplica casi por cinco la del 2% fijado como objetivo por el Banco Central Europeo, lo cual puede dar una idea de la gravedad de la situación para los ciudadanos, pero también para las autoridades monetarias, que son las encargadas de controlar el IPC en la eurozona. La buena noticia es que, según el premio Nobel Paul Krugman, probablemente será más fácil acabar con esta inflación que con la soportada en la década de 1970.
Mientras la situación no se reconduzca, lo cual no parece inminente, el bienestar ciudadano sufrirá, especialmente en el caso de asalariados y pensionistas, cuyo poder adquisitivo caerá. Incluso ahorradores y empresarios correrán riesgos, del mismo modo que las empresas, al tener que pagar más por sus materias primas. Toda una amenaza para la recuperación de la crisis anterior y, en definitiva, para la competitividad del país.
Es verdad que ya hay un plan del Consejo de Ministros para los próximos meses, pero no será suficiente si no se arropa con un pacto de rentas entre trabajadores y empresarios, y sobre todo, si los mercados energéticos no deparan buenas noticias.
Si bien hay muchas maneras de presentar el relato económico de la pandemia, el resultado es que el PIB español fue el segundo más dañado de la UE en el período 2020-2021, solo por delante de Grecia, y que su tasa de paro –de un 13% en diciembre– fue la segunda más alta, igualmente tras la griega. La causa, según la opinión generalizada de los expertos, está ligada al modelo productivo, hipertrofiado hacia el turismo de no residentes. Al no venir todos los millones de extranjeros que solían recalar en España, su economía se resiente.
Ahora es el propio Estado de bienestar el que está en riesgo, como admitió el presidente Pedro Sánchez, más necesitado que nunca de alcanzar apoyos de todos los grupos y de los agentes económicos y sociales.
@J_L_Gomez
