Según los datos de la OCU esta reducción supone una reducción de hasta 65 euros en el caso de los hogares con un vehículo diésel y de hasta 75 euros en el caso de los hogares con un vehículo de gasolina.
Denuncia que, a pesar de la rebaja, los precios de los carburantes seguirán muy por encima de los precios que había a primeros de año y demanda controles en los precios de los carburantes para evitar que a raíz de esta medida se incrementen de forma anómala los precios.
La organización cree "insuficiente" esta rebaja y reclama que de forma temporal se suspendan todos los impuestos relacionados con la energía. Recuerda que es el Estado quien, en esta situación excepcional, es el principal beneficiario del incremento de los precios de los carburantes.
En materia de electricidad, OCU considera "muy poco ambiciosas" las medidas que se conocen hasta el momento y urge a que se acelere al máximo su implantación. Considera prioritario que ponga el foco en facilitar el acceso al bono social. Pide para ello que la concesión del bono social sea un proceso automático. El problema principal consideran que gira entorno a la fijación del precio de la electricidad con un sistema marginalista, que amplifica los efectos de la espectacular subida del precio del gas en los mercados internacionales.
Por ello, la organización insiste en la necesidad de desvincular de forma efectiva el precio del gas del precio de la electricidad como única forma de producir una rebaja efectiva en la factura eléctrica que afecta a los consumidores, pero también a la economía en general.
