El sector del cigarrillo electrónico empleaba en España a cierre de marzo de este año a 5.163 personas de manera directa y a 6.548 personas de forma indirecta, según un informe elaborado por la Asociación Nacional del Cigarrillo Electrónico (ANCE).
Por comunidades autónomas, Andalucía es la región que cuenta con mayor número de empleados, 1.015; y tiene un total de 580 establecimientos especializados en el producto. Después de Andalucía se sitúan Cataluña, cuyos 480 puntos de venta dan empleo a 840 personas; Madrid, con 683 empleados en sus 390 tiendas; y la Comunidad Valenciana que emplea a 613 personas y tiene un total de 350 establecimientos.
"En 2013 se dispararon las aperturas, pero debido a las noticias negativas que se difunden sobre el cigarrillo electrónico, la crisis económica y la falta de profesionalización de algunos establecimientos, se han producido cierres. Lo que ha provocado que el empleo se reduzca un 2%", señala el presidente de ANCE, Manuel Muñoz.
Para Muñoz, las condiciones regulatorias aprobadas por el Parlamento Europeo, que dotan al cigarrillo electrónico con un estatus propio distinto del tabaco y de los productos farmacéuticos, y por el Congreso de los Diputados son "el marco idóneo mínimo para que el sector siga creando empleo, incentivando la inversión en I+D+i y ayudando a la dinamización e impulso de la economía española".
En este sentido, indica que "con la nueva regulación y, sobre todo el potencial y la experiencia de la industria, se está perfilando un sector coherente y ordenado, con una competitividad equilibrada, una alta calidad en el producto y una mayor protección, para los consumidores, los menores y la industria".
"Nos hemos sentado ya con el Gobierno para comenzar a detallar, especificar y diseñar el espacio que debe ocupar el cigarrillo electrónico en el terreno social y empresarial", afirma el presidente de ANCE.
Asimismo, según señala la asociación, están "modulando una Guía de Autorregulación del sector", un documento de trabajo para reforzar la legislación y adelantarse así dos años a los requisitos que marca la Eurocámara.
