El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) presentó ayer en la Comisión de Trabajo un informe sobre la regulación de la pensión de viudedad y su estado en relación a los demás países de Europa. El PSOE puso en marcha los contactos para que la pensión deje de ser contributiva y el Congreso iniciará el debate de reforma.
El director general del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Fidel Ferreras, presentó ayer ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados un informe sobre la regulación de la pensión de viudedad y su situación respecto al importe que conceden otros países de la Unión Europea. Por su parte, el PSOE ya inició los contactos para conseguir que la pensión deje de ser contributiva, no será necesario cotizar para obtenerla, y pase a ser asistencial, por lo que las pensiones dejarán de estar pagadas por las cotizaciones de los trabajadores. Según afirmó el portavoz de CiU en esta Comisión, Carles Campuzano, Ferreras explicó desde un punto de vista técnico aspectos relacionados con la pensión de viudedad, cuya mejora es uno de los caballos de batalla de la formación catalana.
De hecho, CiU presentó una proposición de ley que contempla que la base de cálculo para la cuantía de la pensión de viudedad pase del 52% al 70% y hasta el 90% cuando esta pres tación sea la principal fuente de ingreso del pensionista. La tramitación de dicha proposición fue aprobada por la unanimidad del Pleno hace ya más de un año, sin que todavía se haya cerrado un acuerdo para su puesta en marcha, y es que, según los socialistas, la subida de la pensión de viudedad que se contempla en esta propuesta supondría un impacto económico de unos 5.000 millones de euros que saldrían de las cuentas de la Seguridad Social.
Viabilidad
El portavoz de CiU en esta Comisión, Carles Campuzano, señaló que, tras escuchar la exposición del responsable del INSS, se queda razonablemen te tranquilo. Según él, Ferreras no mencionó en ningún momento si la elevación de la base reguladora de la pensión de viudedad es o no viable. El PSOE expresó en varias ocasiones su rechazo a que esta iniciativa se tramite si no se acepta antes la enmienda de sustitución que presentaron al texto, y en la que se reemplaza el incremento por un complemento aplicable a los pensionistas de jubilación y de incapacidad permanente, cuya cuantía quedará determinada a través de los Presupuestos Generales del Estado.
La Seguridad Social tiene alrededor de 2,13 millones de pensiones de viudedad, sin embargo, 702.789 perceptores cuentan con más de una prestación y 160.942 son trabajadores en activo. Por ello, el Congreso inició el debate para reformarlas.
De hecho, CiU presentó una proposición de ley que contempla que la base de cálculo para la cuantía de la pensión de viudedad pase del 52% al 70% y hasta el 90% cuando esta pres tación sea la principal fuente de ingreso del pensionista. La tramitación de dicha proposición fue aprobada por la unanimidad del Pleno hace ya más de un año, sin que todavía se haya cerrado un acuerdo para su puesta en marcha, y es que, según los socialistas, la subida de la pensión de viudedad que se contempla en esta propuesta supondría un impacto económico de unos 5.000 millones de euros que saldrían de las cuentas de la Seguridad Social.
Viabilidad
El portavoz de CiU en esta Comisión, Carles Campuzano, señaló que, tras escuchar la exposición del responsable del INSS, se queda razonablemen te tranquilo. Según él, Ferreras no mencionó en ningún momento si la elevación de la base reguladora de la pensión de viudedad es o no viable. El PSOE expresó en varias ocasiones su rechazo a que esta iniciativa se tramite si no se acepta antes la enmienda de sustitución que presentaron al texto, y en la que se reemplaza el incremento por un complemento aplicable a los pensionistas de jubilación y de incapacidad permanente, cuya cuantía quedará determinada a través de los Presupuestos Generales del Estado.
La Seguridad Social tiene alrededor de 2,13 millones de pensiones de viudedad, sin embargo, 702.789 perceptores cuentan con más de una prestación y 160.942 son trabajadores en activo. Por ello, el Congreso inició el debate para reformarlas.
