Las empresas gallegas podrán recuperar la figura del aprendiz para fomentar el empleo juvenil, destinada a parados de baja cualificación menores de 30 años que accederán a un contrato de trabajo de hasta tres años con formación certificada y que dure al menos el 25 % de la jornada laboral.
La conselleira de Trabajo, Beatriz Mato, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antonio Fontenla, suscribieron un convenio para fomentar el empleo juvenil, que promueve la firma de estos contratos desde este semestre de 2013.
Según el acuerdo, las empresas tendrán una bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social de entre el 75 y el 100 % por estos contratos, y serán ellas las encargadas de encontrar a dichos candidatos. Así lo ha explicado Mato en rueda de prensa posterior a la firma del convenio, en la que ha dicho, en relación a los beneficiarios, que 'va a cubrir toda la demanda que pueda haber' y será el Servicio Público de Empleo de Galicia el que autorice estos contratos y el encargado de velar por el cumplimiento de sus condiciones.
La financiación de la formación obligatoria que implica este contrato por parte de la Xunta se vincula a las políticas activas de empleo que es una transferencia del Gobierno central a las autonomías
Entre las finalidades más señaladas figura la de preparar mejor a aquellos jóvenes que en épocas de bonanza abandonaron sus estudios para incorporarse al mercado laboral en sectores como la construcción o el metal, por lo que ahora, en la actual crisis económica, encuentran una especial dificultad para acceder a un trabajo al no contar con formación específica.
Según el acuerdo, las empresas tendrán una bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social de entre el 75 y el 100 % por estos contratos, y serán ellas las encargadas de encontrar a dichos candidatos. Así lo ha explicado Mato en rueda de prensa posterior a la firma del convenio, en la que ha dicho, en relación a los beneficiarios, que 'va a cubrir toda la demanda que pueda haber' y será el Servicio Público de Empleo de Galicia el que autorice estos contratos y el encargado de velar por el cumplimiento de sus condiciones.
La financiación de la formación obligatoria que implica este contrato por parte de la Xunta se vincula a las políticas activas de empleo que es una transferencia del Gobierno central a las autonomías
Entre las finalidades más señaladas figura la de preparar mejor a aquellos jóvenes que en épocas de bonanza abandonaron sus estudios para incorporarse al mercado laboral en sectores como la construcción o el metal, por lo que ahora, en la actual crisis económica, encuentran una especial dificultad para acceder a un trabajo al no contar con formación específica.
