La UE someterá a España a un estricto régimen de vigilancia y controles durante los próximos 18 meses a cambio de la ayuda que recibirá para recapitalizar la banca, con misiones trimestrales, una constante entrega de información y un control minucioso de las políticas económicas del Gobierno.
España tendrá que cumplir 32 condiciones a cambio de la ayuda europea, según el Memorando de Entendimiento tras el acuerdo político que se logró en el día de ayer con el Eurogrupo.
El préstamo de hasta 100.000 millones de euros que recibirá España para sanear la banca conllevará principalmente condiciones para las entidades que requieran capital público y el sector financiero en su conjunto, pero también implica 'en paralelo' una vigilancia estrecha y regular de los compromisos macroeconómicos.
Fuentes europeas admitieron que las condiciones para España fijadas en el memorando de entendimiento, que recibió anoche el visto bueno político del Eurogrupo, son 'más duras de lo que se esperaba a priori pero también 'más suaves' que las que se estableció para otros programas de asistencia financiera como el de Irlanda, Portugal o Grecia y el que habrá pronto para Chipre.
Así, según el texto, durante los 18 meses en los que se entregará por tramos el préstamo a España, una suerte de 'troika' -formada por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y, en este caso, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en lugar del Fondo Monetario Internacional (FMI)- verificará cada trimestre el cumplimiento de las condiciones vinculadas al plan con 'misiones' e informes por parte de España.
ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN
El FMI proporcionará asistencia técnica a la hora de implementar y supervisar la ayuda financiera y el Gobierno español tendrá que presentar a la CE, al BCE, a la EBA y al FMI, bajo estrictas condiciones de confidencialidad, los datos necesarios para vigilar el conjunto del sector bancario y bancos con un interés específico por su naturaleza sistémica o su situación'.
Más aún, la CE -en cooperación con el BCE y la EBA- estará autorizada a llevar a cabo inspecciones in situ en cualquier institución financiera que se beneficie de las ayudas para asegurar que se cumplen las condiciones.
El Memorando incluye toda una serie de información que España deberá facilitar a Europa, como datos semanales sobre depósitos bancarios y la situación de liquidez de las entidades y recuentos trimestrales sobre la exposición a la deuda soberana.
El Ministerio de Economía español perderá ciertos poderes: tendrá que transferir antes de final de año al Banco de España los poderes sancionadores y la capacidad de dar licencias bancarias, y debe 'fortalecer más la independencia operativa' de esta entidad.
Asimismo, tendrá que identificar hasta finales de octubre 'posibilidades para dar al Banco de España más poder para que pueda emitir directrices o interpretaciones vinculantes'.
La Unión Europea pide además a España que prepare para finales del próximo mes de noviembre una ley que reduzca la capacidad de control de las antiguas cajas sobre los bancos que surgieron a partir de ellas.
El préstamo de hasta 100.000 millones de euros que recibirá España para sanear la banca conllevará principalmente condiciones para las entidades que requieran capital público y el sector financiero en su conjunto, pero también implica 'en paralelo' una vigilancia estrecha y regular de los compromisos macroeconómicos.
Fuentes europeas admitieron que las condiciones para España fijadas en el memorando de entendimiento, que recibió anoche el visto bueno político del Eurogrupo, son 'más duras de lo que se esperaba a priori pero también 'más suaves' que las que se estableció para otros programas de asistencia financiera como el de Irlanda, Portugal o Grecia y el que habrá pronto para Chipre.
Así, según el texto, durante los 18 meses en los que se entregará por tramos el préstamo a España, una suerte de 'troika' -formada por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y, en este caso, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en lugar del Fondo Monetario Internacional (FMI)- verificará cada trimestre el cumplimiento de las condiciones vinculadas al plan con 'misiones' e informes por parte de España.
ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN
El FMI proporcionará asistencia técnica a la hora de implementar y supervisar la ayuda financiera y el Gobierno español tendrá que presentar a la CE, al BCE, a la EBA y al FMI, bajo estrictas condiciones de confidencialidad, los datos necesarios para vigilar el conjunto del sector bancario y bancos con un interés específico por su naturaleza sistémica o su situación'.
Más aún, la CE -en cooperación con el BCE y la EBA- estará autorizada a llevar a cabo inspecciones in situ en cualquier institución financiera que se beneficie de las ayudas para asegurar que se cumplen las condiciones.
El Memorando incluye toda una serie de información que España deberá facilitar a Europa, como datos semanales sobre depósitos bancarios y la situación de liquidez de las entidades y recuentos trimestrales sobre la exposición a la deuda soberana.
El Ministerio de Economía español perderá ciertos poderes: tendrá que transferir antes de final de año al Banco de España los poderes sancionadores y la capacidad de dar licencias bancarias, y debe 'fortalecer más la independencia operativa' de esta entidad.
Asimismo, tendrá que identificar hasta finales de octubre 'posibilidades para dar al Banco de España más poder para que pueda emitir directrices o interpretaciones vinculantes'.
La Unión Europea pide además a España que prepare para finales del próximo mes de noviembre una ley que reduzca la capacidad de control de las antiguas cajas sobre los bancos que surgieron a partir de ellas.
