Economistas y juristas coinciden en que la propuesta lanzada por el Gobierno para exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que incumplan los presupuestos podría requerir una reforma del Código Penal que tipifique un nuevo delito y arroje transparencia a las cuentas públicas. El anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre un posible cambio legal para castigar a quienes gestionen mal el dinero público fue bien acogido, pese a su concisión, por el presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España, Valentí Pich.
El economista ve la posibilidad de que la propuesta de Montoro -avalada por su 'amplio recorrido académico y en la Administración'- se regule a través de una modificación del Código Penal, que fue reformado 'regularmente' y por última vez hace apenas un año. Si algo caracteriza al Código Penal es que no puede haber condena 'si el delito no está codificado', puntualizó, y recordó que este códice ya contempla delitos que pueden emplearse para perseguir a los malos gestores.
'Hay que plantearse con mucha seriedad si toda la información que generan las administraciones públicas es la adecuada, y qué podemos hacer para que sean más transparentes y para que los gestores públicos puedan hacerlo mejor', explica Pich. Una vía de impulsar esos criterios de 'transparencia' y 'claridad' sería la de incorporarlos 'muy tipificados' y 'con mucha seriedad' en el Código Penal; otra pasaría por reforzar los controles a la Administración: interventores públicos, sindicaturas de cuentas y auditorías externas e independientes.
'Hay muchísimo que hacer en el sector público. Es imposible conocer de verdad las cuentas de un ayuntamiento', lamentó Pich, quien advirtió de que la liquidación de los presupuestos estatales y autonómicos nunca es objeto del debate público, sólo su confección. No en vano, el economista aseguró que la información financiera porporcionada desde los ayuntamientos, comunidades autónomas e incluso del Estado es 'imposible de entender', algo que ha podido propiciar un 'uso abusivo de las entidades que salen del control público'.
'Hay que plantearse con mucha seriedad si toda la información que generan las administraciones públicas es la adecuada, y qué podemos hacer para que sean más transparentes y para que los gestores públicos puedan hacerlo mejor', explica Pich. Una vía de impulsar esos criterios de 'transparencia' y 'claridad' sería la de incorporarlos 'muy tipificados' y 'con mucha seriedad' en el Código Penal; otra pasaría por reforzar los controles a la Administración: interventores públicos, sindicaturas de cuentas y auditorías externas e independientes.
'Hay muchísimo que hacer en el sector público. Es imposible conocer de verdad las cuentas de un ayuntamiento', lamentó Pich, quien advirtió de que la liquidación de los presupuestos estatales y autonómicos nunca es objeto del debate público, sólo su confección. No en vano, el economista aseguró que la información financiera porporcionada desde los ayuntamientos, comunidades autónomas e incluso del Estado es 'imposible de entender', algo que ha podido propiciar un 'uso abusivo de las entidades que salen del control público'.
