El ministerio de Hacienda prepara “un borrador legal” para reformular el sistema de cálculo de la plusvalía municipal, anulado ayer por el Tribunal Constitucional. El alto tribunal anuló varios aspectos del cálculo del impuesto municipal de plusvalía, ya que éstos determinan que siempre se ha producido una revalorización de los terrenos durante el periodo de imposición, con independencia de que haya existido y de su cuantía real.
De esta forma, Hacienda quiere garantizar la constitucionalidad del sistema y la financiación de los ayuntamientos y, con ese fin, y “a la espera de la publicación íntegra de la sentencia, ultima un borrador legal para ofrecer seguridad jurídica a contribuyentes y entidades locales”.
El fallo del alto tribunal, del que se conocerán más detalles en los próximos días, considera inconstitucionales distintos apartados del artículo 107 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece la base imponible de este impuesto, y declara la intangibilidad de las situaciones firmes existentes hasta la fecha.
El primero de ellos afecta al artículo 107.1, según el cual la base imponible está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.
En su segundo párrafo, ahora declarado nulo, la ley estipula que, a efectos de determinar esta base, habrá de tener en cuenta el valor de los terrenos en el momento del devengo de acuerdo con una serie de reglas, y el porcentaje anual determinado por cada ayuntamiento. Es inconstitucional también el artículo 107.2.a), que fija que en las transmisiones de terrenos el valor vendrá determinado a efectos del IBI, esto es, atendiendo al valor catastral fijado por las Administraciones.
Vuelve a pronunciarse
El pleno también declara nulo el apartado 4, que prevé la aplicación de un porcentaje anual, determinado por cada ayuntamiento, sobre el valor del terreno. Para establecerlo, la ley dispone que sea el resultado de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso por el número de años a lo largo de los cuales se haya producido un incremento de valor. No obstante, tal y como aparece recogido en el BOE, el tribunal ya declaró la inconstitucionalidad de este apartado en 2019, en aquellos casos en los que la cuota resultante a pagar fuera mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano. Además, ya en 2017, había declarado nulo el impuesto de plusvalía municipal si no existían ganancias.
Según informó Hacienda, “los artículos declarados inconstitucionales hacen referencia al cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, un tributo que recaudan los ayuntamientos y cuya regulación se incluye en el texto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo”, añade, antes de anunciar una revisión de los artículos anulados.
Los municipios creen que será necesaria una nueva normativa
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) considera que será necesario elaborar una nueva norma para “restablecer” el impuesto de plusvalía después de que el Tribunal Constitucional haya declarado nulos varios aspectos de este tributo municipal. El presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró al respecto que, a expensas de conocer la literalidad de la sentencia, “de confirmarse la primera interpretación, se plantearía una nueva norma que permita restablecer el impuesto con justicia de recaudación”.
Según la FEMP, en cuanto se conozca la sentencia del TC, se convocará una Junta de Gobierno Extraordinaria de este organismo, “procederemos a interpretar la Sentencia conjuntamente -con el Ministerio de Hacienda- y pediremos al Gobierno analizar de forma conjunta la solución”.
Los alcaldes y presidentes de Diputación del Partido Popular en la FEMP, por su parte, exigieron que se convoque con carácter de urgencia tanto una Junta de Gobierno de la FEMP como la celebración de la Comisión Nacional de Administración Local “ante las graves consecuencias que va a tener la sentencia”.
Además, el vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol, anunció que pedirá la comparecencia de Pedro Sánchez y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las Cortes para que den explicaciones sobre “por qué no fueron capaces de abordar la reforma del este impuesto”.
