'Bien, bien. Todo ha ido bien'. Estas han sido las únicas declaraciones del exdirectivo de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes, tras declarar durante dos horas y media en la Audiencia Nacional por un supuesto delito de apropiación indebida del que le acusa la Fiscalía Anticorrupción. En su querella el fiscal le pide la devolución de 5.266.014 euros del importe de la capitalización de su jubilación por entender que no tenía derecho a ella.
El exdirectivo de Caixa Galicia tuvo que responder a las preguntas del juez Moreno, pero también a las de la Fiscalía Anticorrupción, y a las de la acusación particular en nombre de la Asociación de Usuarios Bancarios (Adicae), el FROB, y a las de un abogado que actuaba en nombre de un afectado por las preferentes.
Aunque el antiguo director general adjunto de Novacaixagalicia no quiso hablar con la prensa, sí lo hicieron los abogados de la acusación particular. En este sentido explicaron que la declaración presentaba 'contradicciones', como por ejemplo cuando argumentó que Caixa Galicia tenía beneficios antes de la fusión y en cambio no podía pagar los intereses de las preferentes. Las mismas fuentes criticaron otro de los argumentos esgrimidos por García de Paredes en su defensa, ya que explicaba que al capitalizar íntegramente los 5,1 millones por su despido había ahorrado a la entidad más de 1,5 millones de euros en intereses.
EL ORIGEN DE LOS DELITOS
La Fiscalía Anticorrupción sitúa el origen de estos delitos a partir del 11 de mayo de 2010, una vez firmado el acuerdo de fusión entre Caixa Galicia y Caixanova, así como de la petición de un primer apoyo financiero al FROB por importe de 1.162 millones de euros. Tanto José Luis Pego Alonso, como Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán Laza 'acordaron mejorar sus contratos de alta dirección para lo cual contaron con la necesaria cooperación del presidente de la entidad Julio Fernández Gayoso'. El caso de Francisco Javier García de Paredes es diferente, ya que al proceder de Caixa Galicia su contrato se firma más tarde que los anteriores para igualarles en derechos y de nuevo 'a propuesta de su copresidente Julio Fernández Gayoso'.
Anticorrupción califica de fraudulento su contrato y pide la devolución de las cantidades cobradas indebidamente. Las sitúa en 5.266.044 euros que se desglosan en dos partes. 5.166.044 proceden de los salarios devengados desde 1 de julio de 2012 hasta el 29 de enero de 2025 que no podría haber cobrado anticipadamente por capitalización 'dado que dicha facultad de capitalización no se encuentra contemplada en su contrato laboral'.
Los restantes 100.000 euros se corresponden con una retribución variable satisfecha al querellado sin contar con el visto bueno del Banco de España.
Aunque el antiguo director general adjunto de Novacaixagalicia no quiso hablar con la prensa, sí lo hicieron los abogados de la acusación particular. En este sentido explicaron que la declaración presentaba 'contradicciones', como por ejemplo cuando argumentó que Caixa Galicia tenía beneficios antes de la fusión y en cambio no podía pagar los intereses de las preferentes. Las mismas fuentes criticaron otro de los argumentos esgrimidos por García de Paredes en su defensa, ya que explicaba que al capitalizar íntegramente los 5,1 millones por su despido había ahorrado a la entidad más de 1,5 millones de euros en intereses.
EL ORIGEN DE LOS DELITOS
La Fiscalía Anticorrupción sitúa el origen de estos delitos a partir del 11 de mayo de 2010, una vez firmado el acuerdo de fusión entre Caixa Galicia y Caixanova, así como de la petición de un primer apoyo financiero al FROB por importe de 1.162 millones de euros. Tanto José Luis Pego Alonso, como Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán Laza 'acordaron mejorar sus contratos de alta dirección para lo cual contaron con la necesaria cooperación del presidente de la entidad Julio Fernández Gayoso'. El caso de Francisco Javier García de Paredes es diferente, ya que al proceder de Caixa Galicia su contrato se firma más tarde que los anteriores para igualarles en derechos y de nuevo 'a propuesta de su copresidente Julio Fernández Gayoso'.
Anticorrupción califica de fraudulento su contrato y pide la devolución de las cantidades cobradas indebidamente. Las sitúa en 5.266.044 euros que se desglosan en dos partes. 5.166.044 proceden de los salarios devengados desde 1 de julio de 2012 hasta el 29 de enero de 2025 que no podría haber cobrado anticipadamente por capitalización 'dado que dicha facultad de capitalización no se encuentra contemplada en su contrato laboral'.
Los restantes 100.000 euros se corresponden con una retribución variable satisfecha al querellado sin contar con el visto bueno del Banco de España.
