El Gobierno acordó hoy interponer el recurso de inconstitucionalidad de determinados preceptos de la ley de cajas de ahorros aprobada recientemente por el Parlamento de Galicia, informó hoy la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, explicó que a juicio del Gobierno la norma gallega va más allá de las competencias de esa Comunidad Autónoma a la hora de determinar la solvencia y la naturaleza de las cajas como entidades de crédito (en alusión a Caixa Galicia y Caixanova).
Asimismo, dijo Fernández de la Vega, creemos que la ley no se ajusta a la legislación básica Estatal de cajas de ahorros -la LORCA, sobre la que deben regirse las normas regionalesen cuanto a la regulación de los órganos de representación en esas entidades.
Por ello, el Consejo de Ministros aprobó solicitar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que interponga dicho recurso de inconstitucionalidad, tras recibir ayer el dictamen favorable del Consejo de Estado para recurrir la ley gallega.
Y ante esto, explicó Fernández de la Vega, nuestra obligación es salvaguardar las competencias del Estado, fundamentalmente, y también las del Banco de España, porque creemos que la determinación de la solvencia y de la naturaleza jurídica de las entidades de crédito es una facultad que no está atribuida a las comunidades autónomas.
La semana pasada, el Gobierno ya advirtió de que había visto indicios de inconstitucionalidad en algunos de los artículos de la norma gallega de cajas.
En un comunicado remitido por el Ministerio de Política Territorial, departamento que propuso al Consejo de Ministros presentar el recurso, se detallan una decena de motivos por los que se recurre la norma.
Uno de los aspectos que según el Ejecutivo podría ser inconstitucional es que la ley exige la autorización autonómica para adoptar medidas estatales de solvencia en el caso de que una caja de ahorros gallega tenga un déficit patrimonial, cuando generalmente eso corresponde al Banco de España.
La norma gallega además exige la inscripción de los cargos de las cajas en un registro autonómico con carácter constitutivo y obliga a que los miembros del Consejo de Administración procedan necesariamente de la Asamblea, a la que permite que adopte acuerdos de fusión por mayoría simple, una posibilidad que excluye la LORCA.
También se incluyen parámetros ajenos a la salvaguarda de la solvencia dentro de las funciones del Consejo de Administración para conseguir la autorización autonómica que permite crear un sistema institucional de protección (SIP), conocido en el sector como fusiones frías de cajas.
También se pone en cuestión que el Parlamento gallego pueda tener más de un representante en el Consejo de Administración de una caja regional, mientras que a los demás grupos representados en la Asamblea, la ley sólo les deja tener uno, cuando la LORCA establece que sea de manera proporcional.
En cuanto a la Obra Social, la normativa establece que las dotaciones aprobadas por las Asambleas de las cajas, así como el fin de las mismas, deben ser autorizadas por la Consejería competente de la Xunta de Galicia.
Y por último, el recurso está motivado por que se establece un plazo de dos meses para la renovación total de los órganos de gobierno de una entidad, algo que resulta contrario a la renovación parcial que exige la LORCA y el Tribunal Constitucional.
No obstante, antes de confirmarse que el Gobierno presentará el recurso de inconstitucionalidad contra la ley, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se mostró ayer partidario de dialogar y de reformar algún aspecto técnico o puntual de la norma.
Feijóo acusa el Gobierno de arbitrariedad para bloquear las cajas gallegas
Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ha acusado hoy al Gobierno central de utilizar un arbitrario recurso de inconstitucionalidad para bloquear las cajas de ahorros gallegas.
Antes de asistir a una reunión de la Junta Local del PP en Vigo, Núñez Feijóo analizó en declaraciones a los medios de comunicación la decisión del Gobierno de recurrir la Ley de las Cajas gallega, y afirmó que no existen razones para llevar a cabo esa acción porque el documento aprobado por el Parlamento gallego es tan inconstitucional como los de las leyes de Andalucía, País Vasco o Valencia.
Alberto Núñez Feijóo utilizó un símil deportivo al afirmar que en estos momentos no se está jugando un partido entre el Depor y el Celta sino entre Galicia y Galicia, para añadir que los goles en propia meta sólo nos llevarán a la segunda división dentro del mapa financiero de España.
Para el presidente del Ejecutivo gallego, en estos momentos Galicia se enfrenta al reto de estar dentro del segmento de comunidades con Cajas, algo que sólo es posible mediante la fusión, ya que entiende que un SIP (Sistema Institucional de Protección) lo único que traería consigo es hacer una entidad financiera con sede en Madrid, en la que participaría la Caja gallega.
El BNG avisa de que el recurso afectará a la relación con el PSOE en el Congreso
Además, el portavoz del BNG en el Congreso de los Diputados, Francisco Jorquera, avisó hoy de que los nacionalistas toman muy buena nota del paso dado por el Gobierno y aseguró que afectará a la relación del Bloque con el PSOE en el Congreso y el ámbito estatal.
En rueda de prensa, tras asegurar no querer profundizar más sobre el recurso y se remitió a las palabras del portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, el parlamentario nacionalista puso de manifiesto que no hay ningún acuerdo de legislatura que vincule a la organización frentista con el Gobierno central, aunque esta formación política --señaló-haya apoyado las cuestiones que consideraba positivas para Galicia.
Sin embargo, y pese a mantener hasta ahora una actitud abierta al diálogo, Francisco Jorquera advirtió de que si la postura del Ejecutivo central va a ser la de hostilidad por el autogobierno de Galicia y a que ésta pueda preservar sus propias instituciones, el BNG lo tendrá en cuenta y va a dificultar cualquier política de colaboración.
Vamos a ser más duros si el Gobierno no rectifica su política con Galicia, al igual que sus políticas económicas y sociales erráticas, sentenció en rueda de prensa hoy en A Coruña el portavoz del BNG en la Cámara Baja.
El PSdeG cree que el Gobierno gallego fue cazado en su trampa
Por último, el secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, consideró hoy que el Ejecutivo gallego se encuentra disgustado porque quedó cazado en su trampa de intentar controlar las cajas gallegas, señaló ante el previsible recurso del Gobierno contra la Ley que las regula.
En rueda de prensa, el dirigente socialista explicó que el PSOE no se siente solo en absoluto, después de haber sido la única fuerza política que no suscribió esta mañana un manifiesto, firmado por PP y BNG, así como patronal y sindicatos, que pide al Ejecutivo que recapacite.
Pachi Vázquez, que reclamó respeto para el Consejo de Estado, cuyo informe sobre la Ley gallega revela supuestos indicios de inconstitucionalidad, señaló, acusó de victimismo al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y también al BNG.
Desde el respeto, creo que Galicia tiene que dejar de jugar al victimismo, ante lo que consideró que los sindicatos no deberían sumarse a esta postura, si bien dijo no sorprenderse tanto de que lo hiciese la patronal.
Vázquez insistió en que el Consejo de Estado, que está formado por personas independientes poco sospechosas de afinidad con el Gobierno o el PSOE, dijo, ha puesto de manifiesto los indicios de inconstitucionalidad de la norma gallega.
Para Vázquez, ante la ceremonia de la confusión que plantea el PP y el Gobierno gallego, es preciso respeto al organismo consultivo, que también puso de manifiesto la postura inicial del PSOE: Que esta no era una ley para defender las cajas de ahorros de Galicia, sino para controlar políticamente las entidades de ahorro.
Asimismo, dijo Fernández de la Vega, creemos que la ley no se ajusta a la legislación básica Estatal de cajas de ahorros -la LORCA, sobre la que deben regirse las normas regionalesen cuanto a la regulación de los órganos de representación en esas entidades.
Por ello, el Consejo de Ministros aprobó solicitar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que interponga dicho recurso de inconstitucionalidad, tras recibir ayer el dictamen favorable del Consejo de Estado para recurrir la ley gallega.
Y ante esto, explicó Fernández de la Vega, nuestra obligación es salvaguardar las competencias del Estado, fundamentalmente, y también las del Banco de España, porque creemos que la determinación de la solvencia y de la naturaleza jurídica de las entidades de crédito es una facultad que no está atribuida a las comunidades autónomas.
La semana pasada, el Gobierno ya advirtió de que había visto indicios de inconstitucionalidad en algunos de los artículos de la norma gallega de cajas.
En un comunicado remitido por el Ministerio de Política Territorial, departamento que propuso al Consejo de Ministros presentar el recurso, se detallan una decena de motivos por los que se recurre la norma.
Uno de los aspectos que según el Ejecutivo podría ser inconstitucional es que la ley exige la autorización autonómica para adoptar medidas estatales de solvencia en el caso de que una caja de ahorros gallega tenga un déficit patrimonial, cuando generalmente eso corresponde al Banco de España.
La norma gallega además exige la inscripción de los cargos de las cajas en un registro autonómico con carácter constitutivo y obliga a que los miembros del Consejo de Administración procedan necesariamente de la Asamblea, a la que permite que adopte acuerdos de fusión por mayoría simple, una posibilidad que excluye la LORCA.
También se incluyen parámetros ajenos a la salvaguarda de la solvencia dentro de las funciones del Consejo de Administración para conseguir la autorización autonómica que permite crear un sistema institucional de protección (SIP), conocido en el sector como fusiones frías de cajas.
También se pone en cuestión que el Parlamento gallego pueda tener más de un representante en el Consejo de Administración de una caja regional, mientras que a los demás grupos representados en la Asamblea, la ley sólo les deja tener uno, cuando la LORCA establece que sea de manera proporcional.
En cuanto a la Obra Social, la normativa establece que las dotaciones aprobadas por las Asambleas de las cajas, así como el fin de las mismas, deben ser autorizadas por la Consejería competente de la Xunta de Galicia.
Y por último, el recurso está motivado por que se establece un plazo de dos meses para la renovación total de los órganos de gobierno de una entidad, algo que resulta contrario a la renovación parcial que exige la LORCA y el Tribunal Constitucional.
No obstante, antes de confirmarse que el Gobierno presentará el recurso de inconstitucionalidad contra la ley, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se mostró ayer partidario de dialogar y de reformar algún aspecto técnico o puntual de la norma.
Feijóo acusa el Gobierno de arbitrariedad para bloquear las cajas gallegas
Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ha acusado hoy al Gobierno central de utilizar un arbitrario recurso de inconstitucionalidad para bloquear las cajas de ahorros gallegas.
Antes de asistir a una reunión de la Junta Local del PP en Vigo, Núñez Feijóo analizó en declaraciones a los medios de comunicación la decisión del Gobierno de recurrir la Ley de las Cajas gallega, y afirmó que no existen razones para llevar a cabo esa acción porque el documento aprobado por el Parlamento gallego es tan inconstitucional como los de las leyes de Andalucía, País Vasco o Valencia.
Alberto Núñez Feijóo utilizó un símil deportivo al afirmar que en estos momentos no se está jugando un partido entre el Depor y el Celta sino entre Galicia y Galicia, para añadir que los goles en propia meta sólo nos llevarán a la segunda división dentro del mapa financiero de España.
Para el presidente del Ejecutivo gallego, en estos momentos Galicia se enfrenta al reto de estar dentro del segmento de comunidades con Cajas, algo que sólo es posible mediante la fusión, ya que entiende que un SIP (Sistema Institucional de Protección) lo único que traería consigo es hacer una entidad financiera con sede en Madrid, en la que participaría la Caja gallega.
El BNG avisa de que el recurso afectará a la relación con el PSOE en el Congreso
Además, el portavoz del BNG en el Congreso de los Diputados, Francisco Jorquera, avisó hoy de que los nacionalistas toman muy buena nota del paso dado por el Gobierno y aseguró que afectará a la relación del Bloque con el PSOE en el Congreso y el ámbito estatal.
En rueda de prensa, tras asegurar no querer profundizar más sobre el recurso y se remitió a las palabras del portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, el parlamentario nacionalista puso de manifiesto que no hay ningún acuerdo de legislatura que vincule a la organización frentista con el Gobierno central, aunque esta formación política --señaló-haya apoyado las cuestiones que consideraba positivas para Galicia.
Sin embargo, y pese a mantener hasta ahora una actitud abierta al diálogo, Francisco Jorquera advirtió de que si la postura del Ejecutivo central va a ser la de hostilidad por el autogobierno de Galicia y a que ésta pueda preservar sus propias instituciones, el BNG lo tendrá en cuenta y va a dificultar cualquier política de colaboración.
Vamos a ser más duros si el Gobierno no rectifica su política con Galicia, al igual que sus políticas económicas y sociales erráticas, sentenció en rueda de prensa hoy en A Coruña el portavoz del BNG en la Cámara Baja.
El PSdeG cree que el Gobierno gallego fue cazado en su trampa
Por último, el secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, consideró hoy que el Ejecutivo gallego se encuentra disgustado porque quedó cazado en su trampa de intentar controlar las cajas gallegas, señaló ante el previsible recurso del Gobierno contra la Ley que las regula.
En rueda de prensa, el dirigente socialista explicó que el PSOE no se siente solo en absoluto, después de haber sido la única fuerza política que no suscribió esta mañana un manifiesto, firmado por PP y BNG, así como patronal y sindicatos, que pide al Ejecutivo que recapacite.
Pachi Vázquez, que reclamó respeto para el Consejo de Estado, cuyo informe sobre la Ley gallega revela supuestos indicios de inconstitucionalidad, señaló, acusó de victimismo al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y también al BNG.
Desde el respeto, creo que Galicia tiene que dejar de jugar al victimismo, ante lo que consideró que los sindicatos no deberían sumarse a esta postura, si bien dijo no sorprenderse tanto de que lo hiciese la patronal.
Vázquez insistió en que el Consejo de Estado, que está formado por personas independientes poco sospechosas de afinidad con el Gobierno o el PSOE, dijo, ha puesto de manifiesto los indicios de inconstitucionalidad de la norma gallega.
Para Vázquez, ante la ceremonia de la confusión que plantea el PP y el Gobierno gallego, es preciso respeto al organismo consultivo, que también puso de manifiesto la postura inicial del PSOE: Que esta no era una ley para defender las cajas de ahorros de Galicia, sino para controlar políticamente las entidades de ahorro.
