La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer la aprobación de una línea de crédito del ICO por importe de 10.000 millones de euros, ampliable a 15.000, para financiación directa de las comunidades autónomas condicionada al cumplimiento de los objetivos de déficit. En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Santamaría destacó que la línea pretende pagar a proveedores de las comunidades con contratos de suministros, de obras y prestación de servicios contraídos con anterioridad al 1 de enero de este año.
Así, según Santamaría, el Gobierno trata de paliar la morosidad y los aplazamientos en pagos de deudas con proveedores para dinamizar a las pymes, que tienen deudas no pagadas todavía por las administraciones autonómicas. Además, la línea busca que se pueda cumplir con las obligaciones derivadas de la deuda financiera asumida por las comunidades antes del 1 de enero de este año cuyo pago venza antes de mediados de este ejercicio.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, destacó la importancia de esta medida por tratarse de asuntos que afectan especialmente a las pymes y que están destruyendo el tejido empresarial. De Guindos informó de que para el llamado tramo 1 -dotar de financiación transitoria a las CCAA para el pago de liquidaciones pendientes asociadas al vencimiento de deuda- el ICO efectuará directamente los pagos a los acreedores de las comunidades con la mediación en su caso de los respectivos agentes de pago en la fecha de vencimiento de las obligaciones de pago.
En cuanto al denominado tramo 2 -dotar de liquidez para la cancelación de obligaciones de pago pendientes con proveedores- el ICO efectuará directamente los pagos a los proveedores de las comunidades mediante una entidad financiera.
De Guindos ha señalado que la concesión está sujeta a dos condiciones fundamentales. La primera es que las autonomías están obligadas a acordar con Hacienda un plan de ajuste que garantice el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
El acceso estará precedido de la aceptación de las comunidades de las condiciones particulares en materia de seguimiento y remisión de información, así como de adopción de medidas de ajuste extraordinario para cumplir con la estabilidad presupuestaria, los límites de endeudamiento y las obligaciones de pago a los proveedores. La segunda condición es que las comunidades, además del informe presupuestario remitido a Hacienda, deberán enviar a Economía otro de las operaciones realizadas de manera previa, así como con posterioridad a cada operación de endeudamiento.
El ministro de Economía afirmó que una vez solicitada la línea las autonomías que quieran hacer más operaciones de endeudamiento deberán contar con la autorización previa de Economía.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, destacó la importancia de esta medida por tratarse de asuntos que afectan especialmente a las pymes y que están destruyendo el tejido empresarial. De Guindos informó de que para el llamado tramo 1 -dotar de financiación transitoria a las CCAA para el pago de liquidaciones pendientes asociadas al vencimiento de deuda- el ICO efectuará directamente los pagos a los acreedores de las comunidades con la mediación en su caso de los respectivos agentes de pago en la fecha de vencimiento de las obligaciones de pago.
En cuanto al denominado tramo 2 -dotar de liquidez para la cancelación de obligaciones de pago pendientes con proveedores- el ICO efectuará directamente los pagos a los proveedores de las comunidades mediante una entidad financiera.
De Guindos ha señalado que la concesión está sujeta a dos condiciones fundamentales. La primera es que las autonomías están obligadas a acordar con Hacienda un plan de ajuste que garantice el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
El acceso estará precedido de la aceptación de las comunidades de las condiciones particulares en materia de seguimiento y remisión de información, así como de adopción de medidas de ajuste extraordinario para cumplir con la estabilidad presupuestaria, los límites de endeudamiento y las obligaciones de pago a los proveedores. La segunda condición es que las comunidades, además del informe presupuestario remitido a Hacienda, deberán enviar a Economía otro de las operaciones realizadas de manera previa, así como con posterioridad a cada operación de endeudamiento.
El ministro de Economía afirmó que una vez solicitada la línea las autonomías que quieran hacer más operaciones de endeudamiento deberán contar con la autorización previa de Economía.
