El Gobierno griego apretó ayer aún más la tuerca del ahorro, para evitar la quiebra y convencer a acreedores y socios de que el país está dispuesto a cumplir sus compromisos, con un recorte de las pensiones y una nueva reducción del número de funcionarios. Tras una intensa reunión de más de seis horas, el Consejo de Ministros anunció un nuevo catálogo de medidas que, además de la rebaja de pensiones y la drástica reducción de funcionarios, incluye más impuestos y una reforma fiscal que hará que quienes menos ganan tengan también que pasar por la caja del Estado.
Así, las pensiones a partir de 1.200 euros se verán reducidas en un 20 por ciento, mientras que los jubilados con menos de 55 años tendrán que despedirse del 40 por ciento de sus retribuciones. El Ejecutivo anunció también que unos 30.000 funcionarios públicos, el 3 por ciento del total, pasen este año a una 'reserva'. Aunque en principio la medida prevé que esos trabajadores mantengan un salario mínimo durante un año a la espera de ver si sus servicios son de nuevo necesarios, la mayoría de analistas coincide en que hasta un 25 por ciento de ellos perderá su empleo.
En los últimos dos años, Grecia ya ha reducido su inflado sector público en 200.000 funcionarios, aunque el objetivo es prescindir de otros 150.000 hasta el año 2015, como parte de sus compromisos con la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
IMPUESTOS
Además, el Gobierno ha bajado el listón de ingresos para tributar a Hacienda hasta los 5.000 euros anuales, desde los actuales 8.000, y ha anunciado un nuevo sistema de salarios 'transparente, fiable y justo' en el sector público, que algunos expertos estiman reducirá los sueldos en un 15 por ciento.
Quien tenga una vivienda tendrá que pagar hasta 2014 un nuevo impuesto inmobiliario, bajo amenaza de que se le corte el suministro eléctrico si no lo hace.
Además, el Gobierno ha insistido en que seguirá liberalizando sectores como el del taxi, las farmacias, la abogacía y las notarías, pese a que esa medida ha generado una oleada de huelgas, especialmente entre los taxistas, que el verano pasado pusieron en jaque a la industria turística del país. Aunque sin dar detalles ni fechas, el Ejecutivo se comprometió también a impulsar las privatizaciones de empresas y organismos públicos con los que se quieren recaudar unos 50.000 millones de euros en los próximos cinco años.
Esta nueva andanada de austeridad llega tras los contactos que en los últimos dos días ha mantenido el ministro de Finanzas heleno, Evangelos Venizelos, con los representantes de la Unión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo (BCE), para aclarar si Grecia merece seguir recibiendo ayuda internacional. El resultado ha sido que los representantes internacionales volverán a Atenas la semana que viene para concluir su informe sobre el ritmo de ajustes en Grecia, una inspección que terminó abruptamente el pasado 2 de septiembre ante la mala la marcha de las reformas y los ajustes.
En los últimos dos años, Grecia ya ha reducido su inflado sector público en 200.000 funcionarios, aunque el objetivo es prescindir de otros 150.000 hasta el año 2015, como parte de sus compromisos con la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
IMPUESTOS
Además, el Gobierno ha bajado el listón de ingresos para tributar a Hacienda hasta los 5.000 euros anuales, desde los actuales 8.000, y ha anunciado un nuevo sistema de salarios 'transparente, fiable y justo' en el sector público, que algunos expertos estiman reducirá los sueldos en un 15 por ciento.
Quien tenga una vivienda tendrá que pagar hasta 2014 un nuevo impuesto inmobiliario, bajo amenaza de que se le corte el suministro eléctrico si no lo hace.
Además, el Gobierno ha insistido en que seguirá liberalizando sectores como el del taxi, las farmacias, la abogacía y las notarías, pese a que esa medida ha generado una oleada de huelgas, especialmente entre los taxistas, que el verano pasado pusieron en jaque a la industria turística del país. Aunque sin dar detalles ni fechas, el Ejecutivo se comprometió también a impulsar las privatizaciones de empresas y organismos públicos con los que se quieren recaudar unos 50.000 millones de euros en los próximos cinco años.
Esta nueva andanada de austeridad llega tras los contactos que en los últimos dos días ha mantenido el ministro de Finanzas heleno, Evangelos Venizelos, con los representantes de la Unión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo (BCE), para aclarar si Grecia merece seguir recibiendo ayuda internacional. El resultado ha sido que los representantes internacionales volverán a Atenas la semana que viene para concluir su informe sobre el ritmo de ajustes en Grecia, una inspección que terminó abruptamente el pasado 2 de septiembre ante la mala la marcha de las reformas y los ajustes.
