Creen que los gestores del grupo pudieron incurrir en los delitos de estafa y publicidad engañosa

Inversores de Rumasa valoran demandar a los Ruíz Mateos

Instalaciones de Clesa en la planta ubicada en Caldas de Reis. (Foto: PAUL McERLANE)
Cerca de un centenar de inversores de pagarés y participaciones de Nueva Rumasa estudian ejercitar acciones penales contra la familia Ruiz-Mateos por presunta estafa y publicidad engañosa, según el socio del bufete barcelonés Jausas Jordi Ruiz de Villa.
El abogado considera que la publicidad realizada por el 'holding' empresarial para captar el ahorro de cientos de pequeños inversores daba a entender que obtendrían un rendimiento fijo y que gozaban de una garantía patrimonial suficiente, al tiempo que silenciaba el delicado estado financiero del mismo y su estructura internacional.

Ruiz de Villa explicó que 'en caso de que se hubiera producido alguna posible conducta de estafa, la misma se habría materializado en las fechas en las que los afectados adquirieron pagarés o participaciones en entidades de Nueva Rumasa, que, al parecer, habrían sido empleadas para fines distintos a los previstos en los folletos informativos entregados por las distintas empresas del grupo'.

Según todos los indicios analizados por Jausas, Nueva Rumasa habría creado la apariencia de que las emisiones servirían para adquirir empresas o invertir en su expansión, cuando, al parecer, las inversiones recibidas se habrían utilizado para otros fines.

Aunque aún estudian las acciones penales, el responsable de procesal de Jausas prevé que el caso acabe ante los tribunales penales y consideró probable la presentación de una querella ante la Audiencia Nacional. Además, declaró que espera que el Ministerio Fiscal abra una investigación de oficio.

Los responsables del departamento penal y procesal de Jausas, Josep Lluís Climent, y Jordi Ruiz de Villa, han dispuesto un equipo de cinco abogados para atender las consultas de inversores que está recibiendo el despacho.

El bufete Iure Abogados, por su parte, recomienda a los inversores privados (unos 5.000) que comprueben dónde ha sido en realidad su dinero, puesto que en ese punto es donde pudo generarse la estafa y no en los altos intereses ofrecidos por la inversión. Iure también ha dispuesto un equipo de letrados para asesorar a los afectados que así lo demanden.

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