El juez embarga 618 millones como aval de las deudas de Dhul a los Ruiz-Mateos

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada decretó el embargo preventivo de bienes por valor de 618,26 millones de euros a los Ruiz-Mateos para cubrir el déficit patrimonial total del Grupo Dhul, una medida solicitada por la administración concursal ante los 'visos reales' de calificación de concurso culpable.
En concreto, el juez ordena el embargo al fundador de Nueva Rumasa, Ruiz-Mateos, en calidad de 'administrador de hecho' de Dhul, y a sus hijos Álvaro y Francisco Javier, en calidad de administradores de la firma de postres.

Según el auto judicial, el embargo se extiende a todos los derechos patrimoniales que asumieron el patriarca y sus hijos como consecuencia de la operación de venta -'anunciada pero no demostrada'- de Dhul y el resto de empresas de Nueva Rumasa a Back in Business y Posibilitum Business, sociedades del empresario Ángel de Cabo.

En este sentido, el magistrado Blas Alberto González requirió tanto a los embargados como a Back in Business y Posibilitum Business que presenten ante el Juzgado en el plazo de cinco días 'todos los documentos privados y públicos que se suscribieran para formalizar y ejecutar la operación u operaciones de venta y control de Nueva Rumasa'.

Entre la documentación demandada exigió acuerdos marco, cartas de intenciones, anexos, documentos complementarios, garantías cruzadas y 'cualquier documento rectificativo', incluidos aquellos en los que pudieran existir cláusulas de confidencialidad o reserva.

El juez consideró que con esta operación se trata de 'esquivar' posibles embargos y que 'no es descartable que tras ello sólo exista un artificio fiduciario'. Igualmente, ordena a los Ruiz-Mateos que presenten la relación de los bienes y derechos suficientes para cubrir las cantidades del embargo.

El juez también acordó dar traslado de la resolución a once entidades financieras, a la Agencia de Administración Tributaria, a la Seguridad Social, al INEM, a la Dirección General de Tráfico y a la Dirección General del Catastro para que faciliten la relación de bienes o derechos de los embargados de los que tengan constancia.

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