El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno impuso fianzas de hasta siete millones de euros a cuatro exdirectivos de Novocaixagalicia para que puedan hacer frente a las eventuales responsabilidades civiles en que pudieran incurrir en la causa que investiga su posible responsabilidad penal por las prejubilaciones millonarias que recibieron. Además, considera que elque fuera presidente de Caixanova y copresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso es responsable civil subsidiario y deberá asumir las cantidades que no san satisfechas por los otros cuatro imputados.
Se trata de las cantidades que ya habrían cobrado indebidamente según Anticorrupción, más lo que tenían previsto ingresar si su plan de cobros hasta su jubilación hubiera concluido con éxito.
Según el auto hecho público ayer, se imponen 7.021.352,57 euros al que fuera director general adjunto ejecutivo de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes; 1.218.136,53 euros a Gregorio Gorriarán, que se encargó del Grupo Inmobiliario tras la fusión de las dos antiguas cajas gallegas; 347.920,02 euros a Óscar Rodríguez Estrada, uno de los responsables de la oficina de integración; y 1.925.222,90 euros al exdirector general de la caja única, José Luis Pego.
Además, el juez requiere igualmente al que fuera presidente de Caixanova y copresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso los mismos importes como responsable civil solidario.
EMBARGO DE BIENES
De no constituirse las fianzas, señala el auto, 'se procederá al embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente para responder de las sumas que se les reclama'. La Ley señala que los querellados disponen de 24 horas para el depósito de estas cantidades desde el momento en el que la resolución les sea notificada por sus defensas, según fuentes jurídicas.
Todos ellos, que prestaron declaración hace quince días ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, están imputados en la comisión de un delito de administración desleal o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida.
El magistrado justifica su decisión en la existencia de indicios racionales de criminalidad a tenor de lo contenido en los informes periciales obrantes en la causa, de la que se desprende, 'al menos por ahora', que los cuatro exdirectivos 'con la cooperación de Gayoso', podrían haber actuado de forma delictiva aprovechando la fusión entre Caixagalicia y Caixanova 'en su propio beneficio y para asesgurar sus intereses personales y preparar su previsible salida de la entidad resultante, en menoscabo del patrimonio' de la entidad, que fue nacionalizada y transformada en banco en septiembre de 2011.
Así, percibieron 'elevadas sumas dinero con ocasión del cese de sus actividades en la citada entidad bancaria' al amparo del contenido de las mejoras introducidas por ellos mismos en los contratos de alta direción. Por ello, considera que al menos indiciariamente abusaron de las funciones de su cargo pese a conocer 'la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia'.
Según el auto hecho público ayer, se imponen 7.021.352,57 euros al que fuera director general adjunto ejecutivo de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes; 1.218.136,53 euros a Gregorio Gorriarán, que se encargó del Grupo Inmobiliario tras la fusión de las dos antiguas cajas gallegas; 347.920,02 euros a Óscar Rodríguez Estrada, uno de los responsables de la oficina de integración; y 1.925.222,90 euros al exdirector general de la caja única, José Luis Pego.
Además, el juez requiere igualmente al que fuera presidente de Caixanova y copresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso los mismos importes como responsable civil solidario.
EMBARGO DE BIENES
De no constituirse las fianzas, señala el auto, 'se procederá al embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente para responder de las sumas que se les reclama'. La Ley señala que los querellados disponen de 24 horas para el depósito de estas cantidades desde el momento en el que la resolución les sea notificada por sus defensas, según fuentes jurídicas.
Todos ellos, que prestaron declaración hace quince días ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, están imputados en la comisión de un delito de administración desleal o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida.
El magistrado justifica su decisión en la existencia de indicios racionales de criminalidad a tenor de lo contenido en los informes periciales obrantes en la causa, de la que se desprende, 'al menos por ahora', que los cuatro exdirectivos 'con la cooperación de Gayoso', podrían haber actuado de forma delictiva aprovechando la fusión entre Caixagalicia y Caixanova 'en su propio beneficio y para asesgurar sus intereses personales y preparar su previsible salida de la entidad resultante, en menoscabo del patrimonio' de la entidad, que fue nacionalizada y transformada en banco en septiembre de 2011.
Así, percibieron 'elevadas sumas dinero con ocasión del cese de sus actividades en la citada entidad bancaria' al amparo del contenido de las mejoras introducidas por ellos mismos en los contratos de alta direción. Por ello, considera que al menos indiciariamente abusaron de las funciones de su cargo pese a conocer 'la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia'.
