Cataluña es una potencia industrial que precisa exportar: de hecho, es la comunidad que más vende al resto de España. Fuera de la UE y sin la cobertura del BCE su economía se vendría abajo. Dentro sería otra cosa.
La lógica económica parece imponerse a la política en Cataluña. La fuga generalizada de bancos y empresas, como Caixabank, Sabadell o Gas Natural, terminaría por hundir la economía catalana, lo que supone que la marcha masiva de bancos y empresas catalanas a otras partes de España debilitaría el independentismo. Parece evidente, pero atención también al peligro de tratar a los catalanes como extranjeros. "Lo que se pretende es precisamente todo lo contrario", advierte el periodista Enric Juliana desde el diario La Vanguardia. Su lógica es inapelable.
Mientras, crecen las voces en el bloque secesionista que apuestan por la desaceleración y el soberanismo debate la manera de conjugar el mandato del 1-O y de evitar situaciones de no retorno. El conseller Santi Vila plantea, por ejemplo, “un alto el fuego” y Artur Mas, líder del PDECat, advierte de que la clave es la forma de hacer efectiva la independencia, para la que faltan medios y competencias. El expresidente Mas lo resume diciendo que Cataluña no está lista para la “independencia real”. Otros se inclinan por un carácter “diferido” de la entrada en vigor de la declaración unilateral de independencia (DUI). Formalmente, será el presidente Carles Puigdemont el que decida o exprese el martes la decisión del independentismo.
Las compañías catalanas no solo se van, sino que paralizan sus inversiones por miedo a la secesión, al boicot a sus productos y a la incertidumbre jurídica. Si algo no quieren los independentistas es construir una Cataluña inviable, que empeore la actual.
Al otro lado, Mariano Rajoy se desentiende de la presión para dar tiempo a Puigdemont a dar marcha atrás. Por eso su gobierno desoye las peticiones de aplicar cuanto antes el artículo 155 de la Constitución –una manera de intervenir la Generalitat de Cataluña– y pide retirar la llamada DUI, de modo que el diálogo político empiece volviendo a la casilla de partida –bajo el paraguas constitucional y estatutario– y pensando en una convocatoria de elecciones autonómicas; puede incluso que también de generales.
La independencia de Cataluña supondría consecuencias económicas de tal magnitud –poco explicadas por cierto– que el que más y el que menos le ha visto las orejas al lobo. La principales claves se derivarían de la pertenencia o no de una Cataluña independiente a la Unión Europea (UE) y a la zona euro. Dicho de otro modo, Cataluña podría recomponerse bajo la tutela del Banco Central Europeo (BCE) y de las políticas comunitarias, sin aranceles, pero lo pasaría mal sin acceso a las líneas del BCE y encareciendo sus exportaciones.
Son estos factores y no otros los que conducen a las agencias de riesgo a enviar mensajes negativos. Moody's ya dejó caer la dificultad que tendría una hipotética república catalana para acceder a la financiación exterior y Fitch abrió la puerta a revisar a la baja la solvencia crediticia de la Generalitat por las últimas tensiones políticas con el Gobierno de España.
Más allá de las advertencias del rey Felipe VI y del presidente Rajoy, si la canciller alemana Angela Merkel y el presidente del BCE, Mario Draghi, no quieren que haya independencia de Cataluña, no la habrá. Basta que le hagan saber –si no lo hicieron ya– a un par de personas –no necesariamente en público– que una Cataluña independiente se quedará fuera de la eurozona y de la UE.
@J_L_Gomez
