La nueva ley eléctrica obvia las propuestas hechas desde la Comisión nacional de energía

El Gobierno aprobó el proyecto de Ley del Sector Eléctrico, con el que pretende equilibrar ingresos y gastos en este ámbito, sin atender a las recomendaciones de la Comisión nacional de energía (CNE), al no considerarlas adecuadas.
En la presentación, el ministro de Industria, José Manuel Soria, señaló que el texto, básicamente el mismo del anteproyecto aprobado el 12 de julio, se remitirá a las Cortes para su tramitación. Soria aludió a dos de las recomendaciones planteadas por la CNE en su informe sobre la normativa, que no fueron atendidas. La CNE se mostró en contra de cobrar un recargo a los propietarios de instalaciones de autoconsumo por considerar que esto desincentivaría la eficiencia energética.

Sin embargo, el ministro defendió que los usuarios con sistemas de autoconsumo que estén conectados a la red para abastecerse cuando carezcan de producción propia tienen que pagar el peaje, porque acceden a las instalaciones del sector eléctrico al igual que el resto de consumidores y que de lo contrario, 'todos le estaríamos pagando' ese acceso.

La reforma energética aprobada tiene, según Soria, el triple objetivo de 'garantizar la estabilidad financiera del sistema, reducir los costes' y frenar su impacto en los consumidores.Con respecto a la normativa, Soria insistió en que los precios de la electricidad en España son superiores a los del resto de la UE y que, pese a ello, no son suficientes para cubrir los costes.

Las reacciones no se hicieron hecho esperar. La primera, la de UG, que cree que esta normativa 'supondrá un aumento de precios en el recibo de la luz, menos inversión, menos calidad y seguridad del servicio y menos empleo', y critica 'la falta de transparencia que ha impedido un debate público sosegado.

El PSOE advierte al Gobierno de que si no retira la Ley del Sector Eléctrico, o no se utiliza el trámite parlamentario para modificar 'radicalmente' el planteamiento de esta política, contando con la participación de todos y la negociación con los grupos, recurrirá la Ley ante el Supremo.

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