La nueva ley de vivienda incluirá un bono con una ayuda de 250 euros para jóvenes hasta 35 años
Los socios del Gobierno de coalición cosieron ayer un acuerdo para los Presupuestos de 2022 tras pactar una ley de vivienda con topes al alquiler, como exigían los morados. El proyecto se aprobará mañana en un Consejo de Ministros extraordinario. Las posturas de PSOE y Unidas Podemos se mostraban alejadas, pero finalmente lograron, en el tiempo prometido por Sánchez -finales de septiembre o inicios de octubre- aunque fuera del plazo normativo, que finaliza en septiembre.
La fórmula que facilitó el consenso es el establecimiento de un tope en el precio del alquiler a los grandes tenedores de vivienda -los que posean más de diez- y dejar al margen por el momento a los pequeños propietarios. Una posición a medio camino entre lo que quería Unidas Podemos -que el límite a las rentas llegase a todos los arrendadores- y lo que deseaba el PSOE, contrario inicialmente a intervenir en los precios.
La ley de vivienda se aprobará en el Consejo de Ministros en “las próximas semanas”. Será la primera en democracia y tiene como objetivo “contener” e incluso “reducir” los precios del alquiler. Además, Sánchez desde Sevilla la creación de un bono vivienda de 250 euros al menos para jóvenes de entre 18 y 35 años, con rentas inferiores a 23.725 euros, con el objetivo de facilitar la emancipación. El acuerdo de presupuestos incluye además un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. Este tipo mínimo busca “adaptarse al consenso internacional”, según explicó Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
SIGUE LA ESTELA DE BIDEN
El tipo mínimo de tributación para las empresas sigue la propuesta global del presidente estadounidense, Joe Biden, y hasta ahora los socialistas preferían llegar a un acuerdo internacional en la Cumbre de Roma del G20 en octubre.
El Gobierno defendió, en boca de su ministro de Presidencia, que los presupuestos son “absolutamente imprescindibles” para alcanzar una recuperación “justa” tras la pandemia. Ambos socios de Gobierno buscaron tras el acuerdo normalizar la negociación de las últimas semanas. Según Bolaños, se dialogó de forma “intensa” y de “manera natural” han logrado un acuerdo. Para Díaz queda demostrado que “la coalición goza de muy buena salud”.
Ante el siguiente paso, pactar las cuentas en el parlamento, los aliados parlamentarios del Gobierno recordaron ayer que son imprescindibles. Así lo apuntó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que fue crítico con Unidas Podemos, de los que dijo que les ven como “hermanos pequeños o primos lejanos” y que siempre van detrás, pero “no siempre es así” y con el PSOE, al que ve “demasiado tranquilo”. Advirtió que no todo se soluciona con una “negociación relámpago” y que su voto “se suda”.
La subida del 2% para los funcionarios, “insuficiente”
El Gobierno propuso una subida del 2% del salario de los empleados públicos para 2022, según confirmaron fuentes de la reunión que tuvo lugar entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos representativos del sector público. Desde el Ministerio de Hacienda también informaron de la creación de empleo neto elevando diez puntos cada una de las tasas de reposición, de forma que se sitúa en el 110% la que se aplica con carácter general.
Se eleva al 120% la tasa aplicada a los sectores prioritarios (sanidad, educación o ciencia), así como a las entidades locales que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del ejercicio anterior. Por último se sube al 125%, la tasa de reposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales.
La secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, se reunió con las organizaciones sindicales representativas en las Administraciones Públicas UGT, CSIF, CIG y ELA, con la ausencia de CCOO que criticó que no se trata de una auténtica negociación sino del traslado de una decisión ya adoptada. Tras el acuerdo, UGT censuró la subida salarial propuesta por el Gobierno para los empleados públicos porque supondrá “una nueva pérdida de poder adquisitivo que se sumará a la experimentada este año”.
Por su parte, CSIF también rechazó la subida anunciada y pidió al Gobierno que compense a los empleados públicos por la pérdida de poder adquisitivo que sufrirán este año y, posiblemente, el que viene. El sindicato recordó que este año ya se produjo “una desviación importante” respecto a la inflación de la subida del 0,9 % aplicada en 2021, “que agravará la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010”.
