Javier Aibar advirtió que la institución 'dio muchas oportunidades' a la familia Ruíz Mateos para regularizar la situación

La Seguridad Social se echa sobre bienes de Rumasa por sus deudas

Planta de Navidul en Aragón, perteneciente a Nueva Rumasa. (Foto: ARCHIVO)
El director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Aibar, advirtió ayer que ha dado muchas oportunidades a Nueva Rumasa para regularizar su situación y confirmó que ya se han ordenado embargos preventivos de bienes propiedad de sociedades de la familia Ruiz Mateos.
Durante la presentación del balance de gestión de la Tesorería General de la Seguridad Social de 2010, Aibar explicó que la decisión de efectuar dichos embargos se ha producido después de que la empresa no estuviera al día en el pago de las cuotas y haya incumplido los aplazamientos que le fueron concedidos.

'Hemos facilitado la posibilidad de normalizar la situación de Nueva Rumasa y no hemos tenido éxito porque reiteradamente se han incumplido las condiciones que marcaban estas oportunidades que hemos dado a la empresa', aseguró Aibar, quien insistió en que ha existido un 'doble incumplimiento' por parte de la empresa en lo que se refiere al pago de las cuotas ordinarias y de los aplazamientos.

Asimismo, advirtió de que la Seguridad Social podría ordenar nuevos embargos preventivos en el caso de que surgieran otros acreedores judiciales. 'En la medida en que nosotros observemos que tenemos otros competidores por la vía judicial tendremos que tratar de anticiparnos y realizar un mayor número de embargos', dijo. 'Hemos embargado de manera prudente, pero sin hacer dejación de responsabilidades', subrayó Aibar, en referencia a que los embargos preventivos ordenados por la Seguridad Social no impiden el normal desarrollo de la actividad de la empresa.

En concreto, la sociedad Clesa tiene una quincena de fincas gravadas con anotaciones de embargos preventivos a favor de la Seguridad Social, ubicadas en Lerma, Caldas de Reis, Utrera, Terrasa y Ciudad Real, según consta en el auto judicial emitido en septiembre por el Juzgado de Primera Instancia número 67 de Madrid tras la demanda ejecutiva presentada por Royal Bank of Scotland (RBS).

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