La Audiencia Nacional condenó a 515 años de cárcel a los miembros de ETA pertenecientes al comando 'Askatun Harizea' Arkaitz Goikoetxea Basabe y Aitor Cotano Sinde por la autoría del atentado cometido el 14 de mayo de 2008 contra la casa cuartel de la Guardia Civil en la localidad alavesa de Legutiano en el que perdió la vida el sargento Juan Manuel Piñuel.
Según la sentencia, el tribunal considera a ambos culpables de la comisión de un delito de asesinato terrorista, 14 de asesinato terrorista en grado de tentativa, otros 12 de asesinato terrorista en grado de tentativa con una pena aparejada menor, uno de estragos, uno de daños y dos de uso ilegítimo de vehículo a motor. El tercero de los acusados juzgado por estos hechos, Iñigo Gutiérrez Carrillo, ha sido condenado a una pena de 8 años de prisión por un delito de colaboración.
La Fiscalía solicitaba sendas penas de 534 años y seis meses de cárcel para Goikoetxea Basabe y Cotano. La reducción en la pena aplicada se debió a que el tribunal impuso una única condena por un delito de estragos y no dos como solicitaba el Ministerio Público en relación con la deflagración del vehículo utilizado para la huida, que había sido estacionado en un lugar despoblado. Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ejercía por primera vez la acusación popular, pedía penas que superan los 1.150 años de cárcel para los tres acusados.
El tribunal, compuesto por los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel impone, además, el pago de una indemnización de 500.000 euros para la viuda e hijos del general y el pago de 3.183.212 euros a la Guardia Civil por los daños producidos en el edificio.
La Fiscalía solicitaba sendas penas de 534 años y seis meses de cárcel para Goikoetxea Basabe y Cotano. La reducción en la pena aplicada se debió a que el tribunal impuso una única condena por un delito de estragos y no dos como solicitaba el Ministerio Público en relación con la deflagración del vehículo utilizado para la huida, que había sido estacionado en un lugar despoblado. Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ejercía por primera vez la acusación popular, pedía penas que superan los 1.150 años de cárcel para los tres acusados.
El tribunal, compuesto por los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel impone, además, el pago de una indemnización de 500.000 euros para la viuda e hijos del general y el pago de 3.183.212 euros a la Guardia Civil por los daños producidos en el edificio.
