El anuncio del presidente catalán, Artur Mas, de reducir este año un 5% los complementos salariales que cobran de la Generalitat algunos funcionarios estatales en Cataluña afectará a unos 7.000 empleados de la administración de justicia.
La medida, que también afectará a personal universitario, tendrá un impacto económico 'más bien simbólico' para las arcas públicas de la Generalitat, pero se evitará así un 'agravio' con los empleados públicos de la administración catalana, a los que ya se había anunciado un recorte del 5 % de sus complementos en 2012, han explicado a Efe fuentes del Govern.
Mas ha anunciado hoy su tercer plan de ajustes en dos años para recortar 1.500 millones de euros, con la congelación de subvenciones previstas, privatizaciones de empresas públicas, venta de patrimonio de la Generalitat, implantación de una matrícula en la FP de grado superior y la reducción de transferencias a organismos públicos, lo que implicará en algunos casos recortes de plantilla.
Fuentes del Govern han precisado que no en todos los casos en que la Generalitat reduzca sus aportaciones a empresas públicas eso supondrá despidos de trabajadores.
En empresas vinculadas al ámbito de las infraestructuras, que han visto caer su volumen de trabajo dada a la práctica paralización de los proyectos, sí puede traducirse probablemente en ajustes de plantilla.
En otros casos, puede darse que la caída de las transferencias públicas a un organismo vinculado a la Generalitat conduzca a una negociación entre la dirección de la empresa y sus trabajadores, para tratar de reducir gastos salariales o cambiar la jornada laboral, a cambio de no tener que decretar despidos.
Este fue el caso, por ejemplo, del Hospital Parc Taulí de Sabadell, en el que trabajadores y dirección firmaron en 2011 un acuerdo para evitar el despido de más trabajadores y el cierre de servicios, a cambio de que los empleados viesen reducida 10 minutos su jornada laboral diaria y perdiesen 11 días festivos al año.
