La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía dictó ayer un auto en el que comunica la existencia del procedimiento 'en calidad de imputados' a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y a cinco exconsejeros -Carmen Martínez-Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio, José Antonio Viera y Francisco Vallejo-, todos ellos aforados al tratarse de diputados en el Congreso o de parlamentarios andaluces.
La juez Mercedes Alaya aplica así una reforma procesal que se ideó precisamente para proteger a los diputados y senadores de querellas 'maliciosas'. En aplicación del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECri), vigente desde el 26 de julio de 2002, la juez Alaya procedió a comunicar la existencia del procedimiento 'en calidad de imputados' contra dichos políticos aforados, entre otros motivos, para que puedan personarse en la causa, participar en la instrucción y ejercer su derecho de defensa.
En su auto, la juez hace un análisis de las consecuencias de la imputación de personas aforadas (en el caso de los ERE, competencia del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) y reconoce que se trata de un proceso con 'consecuencias procesales extrañas' y que les deja en 'una condición harto peculiar'.
Alaya reconoce que 'no puede realizar con respecto a los aforados un juicio formal de imputación', pero 'sí puede y debe hacer dos cosas: la primera, darles traslado de las actuaciones para que se personen si lo desean', y la segunda, 'tras agotar las diligencias de investigación que en su caso pudieran determinar cierto grado de responsabilidad de los aforados, remitir testimonio de la causa al tribunal superior competente'.
ANTICORRUPCIÓN
El hecho de que la juez haya comunicado su imputación a varias personas aforadas, sin remitir la causa a los tribunales superiores correspondientes, será estudiado por la Fiscalía Anticorrupción para decidir si se ajusta a Derecho, según fuentes fiscales. Abogados personados en la causa indicaron que la juez no remitirá la causa al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sino que antes la 'apurará y depurará', tal como le ordenó en agosto la Audiencia de Sevilla.
El hecho de que el auto se conociese cuando se estaba celebrando la toma de posesión de la nueva presidenta de la Junta, Susana Díaz, y sus consejeros, provocó la sorpresa general y todo tipo de reacciones en un acto en el que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, animó a los 11 consejeros del nuevo Gobierno andaluz a configurar un gabinete 'fuerte y sensible'.
La nueva consejera de Agricultura, Elena Víboras, opinó que son 'demasiadas coincidencias' que cada vez que hay un 'acto importante para Andalucía' la juez Mercedes Alaya dicte un auto. El vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas (IU), declaró que 'la Justicia a su trabajo y el Gobierno a gobernar', mientras el nuevo consejero de Economía, Sánchez Maldonado, señaló que cree en la Justicia y que ésta 'funcionará'.
En su auto, la juez hace un análisis de las consecuencias de la imputación de personas aforadas (en el caso de los ERE, competencia del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) y reconoce que se trata de un proceso con 'consecuencias procesales extrañas' y que les deja en 'una condición harto peculiar'.
Alaya reconoce que 'no puede realizar con respecto a los aforados un juicio formal de imputación', pero 'sí puede y debe hacer dos cosas: la primera, darles traslado de las actuaciones para que se personen si lo desean', y la segunda, 'tras agotar las diligencias de investigación que en su caso pudieran determinar cierto grado de responsabilidad de los aforados, remitir testimonio de la causa al tribunal superior competente'.
ANTICORRUPCIÓN
El hecho de que la juez haya comunicado su imputación a varias personas aforadas, sin remitir la causa a los tribunales superiores correspondientes, será estudiado por la Fiscalía Anticorrupción para decidir si se ajusta a Derecho, según fuentes fiscales. Abogados personados en la causa indicaron que la juez no remitirá la causa al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sino que antes la 'apurará y depurará', tal como le ordenó en agosto la Audiencia de Sevilla.
El hecho de que el auto se conociese cuando se estaba celebrando la toma de posesión de la nueva presidenta de la Junta, Susana Díaz, y sus consejeros, provocó la sorpresa general y todo tipo de reacciones en un acto en el que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, animó a los 11 consejeros del nuevo Gobierno andaluz a configurar un gabinete 'fuerte y sensible'.
La nueva consejera de Agricultura, Elena Víboras, opinó que son 'demasiadas coincidencias' que cada vez que hay un 'acto importante para Andalucía' la juez Mercedes Alaya dicte un auto. El vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas (IU), declaró que 'la Justicia a su trabajo y el Gobierno a gobernar', mientras el nuevo consejero de Economía, Sánchez Maldonado, señaló que cree en la Justicia y que ésta 'funcionará'.
