Agentes de la Policía Nacional desarticularon un grupo organizado, en el que estaban implicados dos abogados, dedicado a estafar a ciudadanos inmigrantes a cambio de ofrecerles contratos de trabajo y permisos de residencia falsos. Para llevar a cabo esta operación, los detenidos, en su mayoría de nacionalidad nigeriana, cobraban a los 'sin papeles' un importe comprendido entre 600 y 2.000 euros por persona, por lo que, en tan sólo dos años se calcula que llegaron a ganar más de 660.000 euros.
La operación policial, realizada por la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, destapó esta red tras descubrir la deuda a las arcas públicas de 668.827 euros. A partir de ahí, los agentes identificaron los que serían unos falsos contratos y periodos de carencia que permitían a los trabajadores acceder a prestaciones por desempleo o maternidad o incluso a obtener la residencia en nuestro país.
Gracias a estos datos llegaron hasta unos ciudadanos nigerianos, que convencían a ciudadanas españolas para constituir empresas a su nombre con la finalidad de tramitar, a partir de ellas, documentos falsos para inmigrantes ilegales. De esta manera, la banda llegó a contar con dos empresas ficticias, creadas por este grupo y que, sin ejercer actividad alguna, formalizaban los contratos y gestionaban el alta en la Seguridad Social a inmigrantes a cambio de cantidades de dinero que oscilaban entre los 600 y 2.000 euros.
Los pagos se realizaban directamente a la empresa 'fantasma' a la que, tras facilitarles los falsos documentos, muchos inmigrantes realizaban abonos periódicos de unos 300 euros mensuales en concepto de Seguros Sociales, cantidades que los estafadores se apropiaban. Al frente de estos negocios estaba una mujer española y dos abogados, que era también los que se encargaban de realizar los trámites de alta necesarios para conseguir los contratos en la Oficina de Extranjería.
UNA VEINTENA DE DETENIDOS
Además de los responsables de la empresa, Anselmo R.S, abogado de 40 años, Lovette Collins O.E, de 33 y también letrado y Eva P.S, de 30 años, otras 22 personas de origen nigeriano, fueron arrestados en Madrid y Toledo, acusados de delitos contra la Seguridad Social, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsificación y estafa.
Aunque la Policía considera terminada la investigación, no descarta que en los próximos días se produzcan nuevas detenciones relacionadas con el caso.
